ELA registró el pasado 6 de noviembre seis recursos de alzada contra otras tantas resoluciones del Servicio Navarro de Empleo, cumpliendo el paso previo para presentar demandas judiciales posteriormente, según ha informdo en un comunicado.

Este sindicato considera que estos seis recursos son «una muestra suficiente de todo el entramado político-jurídico diseñado por los Gobiernos de UPN y PSN en connivencia con CEN, UGT y CCOO para financiar directamente las estructuras y los gastos ordinarios de estas organizaciones, al margen de la función inicial que debían cumplir: la formación para el empleo».

A la vista de que el nuevo Gobierno presidido por Uxue Barkos ha adelantado su intención de mantener la mitad de esta financiación (más de 5 millones de euros, según lo anunciado por la directora del SNE en el Parlamento), ELA ha decidido «combatir este fraude acudiendo a la vía judicial».

Los recursos de alzada ya registrados deberán ser resueltos por la misma Administración foral, según apunta el sindicato, que añade por se tratará, por tanto, de un compromiso directo del nuevo Gobierno, que tiene así «la oportunidad de corregir las prácticas clientelares diseñadas por Sanz y Barcina o, en caso contrario, de asumirlas e incluirlas en su práctica de Gobierno».

La principal argumentación jurídica de estos recursos se basa en el «fraude de ley perpetrado por el Parlamento de Navarra el pasado 12 de marzo, con los votos a favor de UPN y PSN, y las abstenciones de PP e I-E».

Según ELA, «con una modificación presupuestaria, el Gobierno consiguió así cambiar el nombre y la ubicación de partidas por valor de 5,4 millones de euros para seguir otorgando esos fondos directamente a CEN, UGT y CCOO».

De esa forma, añade, «intentó eludir el Real Decreto-ley 4/2015, que estipula tajantemente que todos los fondos públicos destinados a formación para el empleo deben adjudicarse en concurrencia abierta».

Por ello, los nuevos convenios cambiaron las palabras «curso, docente o alumno» por denominaciones como «itinerario, cualificación o usuario», en un «burdo intento de engañar a los servicios jurídicos del SNE», según el sindicato.

De acuerdo con la central, lejos de conseguir ese objetivo, los funcionarios «echaron para atrás dichos convenios, y por ello CEN, UGT y CCOO no pudieron impartir sus cursos ni financiarse del presupuesto público hasta que no se cambiaron estos servicios jurídicos».

Por todo ello ELA ha decidido recurrir vía judicial estos convenios (que suman 4,6 millones de euros), lo que se complementa con una labor sindical en defensa de un SNE «auténticamente público, que de verdad gestione la formación para el empleo en favor de los desempleados y los ocupados que lo precisen, sin que ni un euro de sus presupuestos se utilice para financiar salarios ni gastos ordinarios de la estructura de CEN, UGT y CCOO».