Atendiendo a la solicitud de los miembros de Kortxoenea, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Donostia ha decretado la paralización cautelar de las obras de derribo del edificio de la calle de Indianoene, como se recoge en un auto fechado ayer.

En su solicitud, estos jóvenes alegaban que desarrollan actividades culturales en este lugar desde hace cinco años, que desde el pasado setiembre varias personas pernoctaban en estas instalaciones y que la madrugada del pasado 2 de noviembre fueron sacadas del lugar, «sin la perceptiva orden de desalojo», por trabajadores de una empresa de construcción que comenzaron a derruir el edificio.

Sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y ante la «apariencia de buen derecho» de la reclamación presentada por los jóvenes, el juzgado ha ordenado ahora en un auto la paralización de las obras de derribo de Kortxonea, aunque la condiciona al abono de una fianza de 3.000 euros por parte de los solicitantes, «atendiendo a los previsibles perjuicios que la paralización supone en cuanto a maquinaria y actuaciones de aseguramiento» para la parte propietaria del edificio.

Además, el juzgado les advierte de que si no presentan la demanda principal contra el desalojo y el derribo de Kortxoenea «en los veinte días siguientes a la adopción de la medida, esta quedará sin efecto, condenándosele en las costas y respondiendo de los daños y perjuicios que se hubieran producido». 

En declaraciones a Euskadi Irratia, un miembro del gaztetxe ha lamentado que sea una medida que llega tarde, porque el edificio está ya totalmente destruido. No obstante, se ha felicitado por el hecho de que el procedimiento judicial siga avanzando y ha confiado en que se demuestre que el derribo fue ilegal.

Ha informado asimismo que su intención es depositar la cantidad de dinero requerida este mismo viernes.

El pasado día 3 de noviembre, la Ertzaintza, junto a la seguridad privada, desalojó el gaztetxe y acto seguido las excavadoras comenzaron a derribar el edificio. Los usuarios de Kortxoenea denunciaron que el desalojo fue «ilegal y violento». 

El día 7, una manifestación denunció el derribo del edificio y reivindicó su aportación en ámbitos como el de la cultura, al tiempo que criticó la actitud del Ayuntamiento de Donostia.