Ion SALGADO

La financiación de partidos, un foco de clientelismo

En los últimos años se han aplicado medidas para controlar la financiación de los partidos que, en ocasiones, casos de corrupción y clientelismo.

Filesa, la trama Gürtel, el “caso de las tragaperras”, el famoso 3% de CDC... son solo algunos ejemplos que ponen en entredicho la financiación de los principales partidos políticos. De formaciones que, presuntamente, se han valido de su poder institucional para lograr un rédito económico a cambio de emplear el dinero público en beneficio de terceros. ¿Por qué ocurre esto?, ¿qué consecuencias tiene?, y, tal vez lo más importante, ¿cómo se puede acabar con estas prácticas corruptas?, ¿cómo se puede hacer frente a uno de los principales problemas de la ciudadanía?

Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal por la Universidad Pública de Navarra, trató de responder a estas preguntas en una conferencia organizada este miércoles por la asociación Adi! en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Gasteiz, donde explicó las deficiencias normativas del Estado español, entre las que destacan las lagunas advertidas en el sistema de financiación de partidos. Un sistema mixto que está en el punto de mira del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). «La Ley de Financiación prohíbe que las empresas financien a los partidos políticos, pero yo tengo mis dudas de que no haya ocultamiento», destacó la ponente, autora del libro “La financiación ilegal de los partidos políticos: Un foco de corrupción”.

Y lo cierto es que, pese a que la norma pone coto a las donaciones de las empresas a las formaciones, no dice nada sobre el dinero destinado a las fundaciones de esos mismos partidos políticos. «Las fundaciones pueden recibir dinero sin ningún límite, no tienen obligación de publicar cuentas, solo los balances, y pueden realizar actividades mercantiles. Y supuestamente tienen prohibido traspasar dinero a los partidos, pero eso da risa. Pasan dinero, por supuesto que sí» señaló, antes de insistir en que se debería limitar la financiación de las fundaciones. De esta forma se evitaría un trato de favor a ciertas empresas, que aportan dinero a las formaciones políticas a cambio de contratos públicos.

A este respecto, la catedrática recordó que el soborno a un partido no está tipificado como un delito de cohecho, ya que este solo es imputable a cargos públicos, y no a cargos políticos, a personas con responsabilidad en la formación pese a no ser concejal, juntero, parlamentario o diputado. «Nos encontramos con un problema en la jerarquización. Y el concejal de turno es difícil que se niegue a dar el contrato a una empresa, porque tenemos un sis- tema de listas cerradas y si se niega a dar el contrato no irá en las listas. Ese sistema de listas cerradas y aparatos duros hace que los cargos público estén sometidos al aparato del partido. Algo que se podría solucionar con listas abiertas», señaló en este sentido.

A su parecer, es necesario fomentar la trasparencia, estableciendo medidas para saber qué empresas invierten en las fundaciones de los partidos; y reformar algunas leyes, como la ley de contratación pública, que permite fragmentar los contratos para evitar su licitación, y la ley de partidos, que tal como recordó, solo se ha utilizado para ilegalizar formaciones abertzales. También criticó las consecuencias de la ley de suelo y otras normas relacionadas con el urbanismo que propiciaron «grandes pelotazos». Y censuró los cambios propuestos en la ley de enjuiciamiento criminal, que establece que la instrucción de un caso no podrá durar más de seis meses, o 18 en procesos extraordinarios. «Esta idea es una forma de conseguir impunidad en determinados procesos, porque los que se prolongan en el tiempo están relacionados con tramas económicas y casos de corrupción», manifestó.

No obstante, se mostró optimista de cara al futuro, y saludó la creación de nuevos partidos, como Podemos y Ciudadanos, que afirman financiarse gracias a los afiliados y a campañas de crowfunding. «Son una respuesta a los casos de corrupción. Su bandera es ser diferentes al resto y luchar contra la corrupción, y la gente tiene ganas de eso. La gente esta reaccionando. El nivel de indignación va en aumento, porque el dinero público es de todos. En que acabará... ya veremos», concluyó.