La Constitución española llega hoy a su 37 cumpleaños y por primera vez se admite en el Estado que «está crujiendo», ya no solo en Euskal Herria y Catalunya. Es el término que utilizó la pasada semana el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Rovira en un acto de Podemos, una de las fuerzas que incluye la reforma en su programa.

Reforma, pero ¿hacia dónde y hasta dónde? Los resultados del 20D lo dirán. En estos 37 años el gran tótem solo ha experimentado dos retoques mínimos: uno en agosto de 1992 para acomodar la legislación al Tratado de Maastricht y permitir que los ciudadanos de la UE residentes en el Estado pudieran ser elegidos alcaldes y concejales, y otra para incluir el techo de déficit, también por iniciativa europea, en verano de 2011. Fue un proceso exprés y sin más consenso que el de PP y PSOE, por lo que abrió los ojos a muchos.

Parece difícil que si se abre el melón constitucional esta vez no haya un debate profundo sobre la cuestión clave: la organización interna del Estado. Pero resolverla es como la cuadratura del círculo, toda vez que el reconocimiento de las naciones y el derecho a decidir, única solución definitiva ante las demandas de Catalunya o Euskal Herria, no es contemplado por las que aparecen en los sondeos como tres primeras fuerzas.

En 2004 el Consejo de Estado propuso al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, un lifting consistente en reformar el Senado y abordar la definición de las actuales comunidades autónomas. Nada resolutivo, por tanto, sobre el polémico Título VIII, así que Moncloa lo aparcó. Ya en 2013, cuando en Catalunya la gran ola independentista se empezaba a levantar y en Euskal Herria se abría paso otro tiempo político, el PSOE pasó a plantear la conversión del actual Estado autonómico en federal, sin mucho eco en el resto ni insistencia por su parte.

Las nuevas mayorías surgidas en Catalunya y Euskal Herria hacen ya inevitable este debate. Podemos propone permitir consultas soberanistas a través del actual artículo 92. IU también se suma a la apuesta federal. El PP se limita a amagar con la disposición a hablar del otrora tabú, pero sin tomar posición ni compromisos concretos. Y Ciudadanos es el más claro, con una ofensiva reaccionaria: que el Estado reasuma competencias transferidas a las autonomías y que se suprima el Senado.

Esto es lo que hay a día de hoy, 6 de diciembre. El futuro lo escribirá el 20, y más aún el empuje de los independentismos.