Urdangarin está acusado, junto a su exsocio Diego Tores, de malversación de hasta seis millones de euros, por haber montado supuestamente una trama a través de la que obtuvieron sustanciosos contratos públicos de los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares –y donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid–, facturando prestaciones a cambio de su presunta influencia, con un posterior fraude a Hacienda.

Estas prestaciones habrían sido facturadas por el Instituto Nóos y los fondos obtenidos se dirigían a sociedades pantalla, entre ellas Aizoon, perteneciente a la infanta y a su marido.

Los demás acusados son los cargos públicos que, según las acusaciones, de una u otra manera hicieron posible que el entramado de Nóos obtuviera beneficios. La instrucción asegura que la hermana del rey estaba al corriente de los negocios de Urdagarin y se beneficiaba personalmente. Ella lo ha negado y, en su declaración afirmó haber actuado «por amor».

Ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado acusan a Cristina de Borbón por lo que podría beneficiarse de la denominada «doctrina Botín» –gracias a la que el presidente del Banco de Santander evitó ser procesado en 2007–, al estar solo señalada por la acusación civil de la asociación ultraderechista Manos Limpias. Además, ha evitado ser procesada por tráfico de influencias y blanqueamiento de dinero y solo está acusada de fraude fiscal.

En cualquier caso, la imagen de la monarquía –cuyo deterioro ya provocó la abdicación de su padre– podría verse perjudicada tanto si es procesada como si lo evita, ya que se sospechará de la impunidad. De hecho, el monarca ya ha marcado distancias con su hermana durante la instrucción. El juicio, que comienza con las cuestiones previas se prolongará hasta junio y verá las declaraciones de 352 testigos. Las penas que se solicitan van desde la inhabilitación para cargo público hasta los 26,5 años de cárcel que pide Manos Limpias para Urdangarin.