La Autoridad Vasca de la Competencia impuso la semana pasada a ocho empresas una multa de 18 millones de euros por pactar precios para adjudicarse el servicio de comedor de los centros educativos públicos de la CAV.

Días después de conocerse esta sanción, LAB, sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria y en los comedores escolares, ha reclamado  la conformación de una mesa con presencia de todas las partes implicadas para estudiar su funcionamiento y gestión.

«Un nuevo funcionamiento que debe garantizar las condiciones laborales, la calidad del servicio y la transparencia. Exigimos que dicha mesa se forme a la mayor brevedad para que el nuevo modelo pueda implantarse a partir del próximo curso», ha añadido.

El sindicato considera que el Departamento autonómico de Educación «ha sido, por acción o por omisión, colaborador necesario de esta corruptela, cuyos paganos» han sido los escolares, los padres y madres y la ciudadanía en general, «a los que se les ha sustraído siete millones de euros».

Para LAB, «los responsables de esta situación son tres gobiernos, el de Juan José Ibarretxe, el de Patxi López y el de Iñigo Urkullu, pero en última instancia la responsable es, y así la señalamos, Cristina Uriarte. No puede desvincularse de este asunto sin asumir ninguna responsabilidad».

«Doble desfalco a las familias»

El sindicato ha criticado que la consejera haya señalado que las familias no se han visto perjudicadas económicamente. «Lo desmentimos. Las familias han sufrido un doble desfalco. Por un lado, por el incremento en sus cuotas año tras año, y, por otro, junto al resto de la ciudadanía, como tributarias y tributarios a las arcas públicas que sirven para financiar este servicio».

La central ha señalado que «hay otro pagano que es el colectivo de trabajadores», que estuvo negociando su convenio durante tres cursos y llevando a cabo «más de cuarenta jornadas de huelga».

«Mientras alegaban que las reivindicaciones eran inasumibles por motivos económicos» las empresas «han obtenido cuantiosos beneficios de las contrataciones» ya que cobraban del departamento «25 euros por hora» y las trabajadoras percibían «12 euros por hora».