La Comisión Europea ya había indicado tras el fallo el pasado 17 de diciembre del Tribunal General que estudiaba la sentencia que anuló su decisión de 2013, en la que Bruselas señalaba que el sistema español de arrendamiento fiscal constituía una ayuda de Estado selectiva y por tanto ilegal.

En contra de lo que sostiene el Ejecutivo comunitario, los jueces del Tribunal General consideraban que las medidas que integran el sistema español de arrendamiento fiscal no constituyen una ventaja selectiva.

La decisión de la Corte se refiere al litigio iniciado en 2006, cuando la CE recibió distintas denuncias, principalmente del sector de la construcción naval de otros Estados miembro.

En ellas se decía que ese sistema permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20% y un 30% y provocaba así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes.

El 17 de julio de 2013, la CE estimó que ciertas medidas fiscales incluidas en ese sistema constituían una ayuda de Estado ilegal y eran parcialmente incompatibles con el mercado interior.

Por ello, el servicio del entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, ordenó que se recuperara la ayuda únicamente de los inversores que se hubieran beneficiado de las ventajas en cuestión.

El falló también afectó al sector naval vasco, concretamente a cinco astilleros: La Naval, los dos de Zamakona, Murueta y Balenciaga.

Pero el Tribunal General consideró que, al no existir ventajas económicas en favor de las agrupaciones de interés económico que intervenían en la venta de buques, «es errónea la conclusión de la CE según la cual dichas entidades se habían beneficiado de una ayuda estatal, puesto que sólo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas» del sistema de bonificaciones.

«No tiene posibilidad de prosperar»

La patronal de astilleros privados Pymar ha considerado que el recurso de la Comisión Europea (CE) «no tiene posibilidad de prosperar» y que sus impulsores «son conscientes de que no ganarán».

La consejera delegada de este organismo, Almudena López, ha recordado que la sentencia fue «muy contundente, sólida y clara» y ponía de manifiesto que «se había producido una actuación errónea de la Comisión».

«De la misma forma que Pymar supo hacer valer ante el Tribunal General la posición del sector español, seguiremos defendiendo como hasta ahora los intereses de los astilleros en todas las instancias», ha añadido.