El Parlamento de Gasteiz ha aprobado la Ley para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, con la que según sus promotores se pretende garantizar unas condiciones laborales dignas a los trabajadores de empresas que prestan servicios a las instituciones. El texto ha sido apoyado por todos los grupos salvo EH Bildu.

El debate sobre esta ley se inició con la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por parte del sindicato ELA, que estaba avalada por 110.000 firmas. La central que dirige Txiki Muñoz ha considerado que la norma impulsada por PNV y PSE «vacía de contenido la ILP», ya que «no añade ninguna garantía de subrogación, ni de mejora de sus condiciones laborales a las más de 55000 personas subcontratadas por las diferentes administraciones vascas».

«Estos dos partidos, amparandose en una suspuesta ilegalidad de las claúsulas recogidas en la ILP, han apostado por los beneficios de las empresas a costa de las condiciones laborales de la gente y adjudicaciones a la baja en las licitaciones a costa de los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras», añade la nota de ELA.

Por su parte, LAB ha llevado su disconformidad hasta la sede parlamentaria, con protestas y lanzamientos de octavillas desde la tribuna de invitados. Los delegados de esta central, que han sido expulsados del edificio, han denunciado que se ha perdido una «oportunidad» para proteger a los trabajadores».

El parlamentario del PNV Norberto Aldaiturriaga ha asegurado que con este texto se pretende acabar con la «inaceptable» situación de precariedad que sufren algunos trabajadores, y ante las críticas ha defendido que se trata de una ley elaborada «con los pies en el suelo».

Bixen Itxaso (PSE) se ha expresado en un sentido similar al afirmar que lo que se ha aprobado es «el único texto viable», dada la actual correlación de fuerzas.

Solo EH Bildu se ha posicionado en contra de este texto. Belén Arrondo ha defendido la propuesta que presentó ELA. «Con vuestro acuerdo –ha espetado a PNV y PSE–, ignoráis una de las principales preocupaciones de esta sociedad, rechazáis la voluntad que representan 110.000 firmas y avaláis la precariedad laboral que practican las empresas subcontratadas por la administración públicas. Hoy ha quedado claro que la prioridad de las políticas públicas del PNV no son las condiciones laborales, sino obtener el mayor ahorro a la hora de licitar las obras y servicios».