Los parlamentarios de PNV, PSE y PP sumaron ayer sus votos para tumbar una enmienda de totalidad presentada por EH Bildu contra el proyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias de la CAV. Una norma que, en opinión del parlamentario soberanista Xabier Isasi, supone dar «un paso más en el proceso de privatización y bancarización puesto en marcha por el Estado español».

Según explicó ante el Pleno, el proyecto de ley impide el control público y social de la cajas, reconvertidas en fundaciones bancarias, ya que estas dependen de un patronato formado por quince personas que «no están obligadas a dar explicaciones ante las instituciones o ante la sociedad vasca». Además, echa por tierra la función social atribuida a las cajas, que han sido «herramientas imprescindibles» para el desarrollo de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Isasi advirtió de que el proyecto de ley presentado por el Gabinete de Iñigo Urkullu «no responde a las necesidades del sistema productivo y no garantiza que las entidades financieras vayan a velar por los principios éticos».

«No ofrece medidas para evitar desahucios ni para lograr una presencia equilibrada de hombres y mujeres, no garantiza la transparencia de las entidades financieras, y no posibilita la normalización del euskara. Y tampoco busca la cohesión entre los herrialdes de Euskal Herria», destacó el parlamentario. Acusó a Lakua de plegarse a la norma estatal, pese a que el Estatuto de 1979 establece que «las instituciones de crédito corporativo, público y territorial y las cajas de ahorro» son competencia del Ejecutivo autonómico. «Nos parece una irresponsabilidad política e institucional que el Gobierno de Gasteiz haya renunciando a hacer uso de sus competencias», añadió.

Antes de finalizar su intervención, insistió en la necesidad de recuperar un sistema &bs;público de finanzas «blindando su titularidad, democratizando las fundaciones e introduciendo en ellas los objetivos de las antiguas cajas». «Hagamos un sistema propio y soberano», propuso.

Defensa del proyecto

La parlamentaria jeltzale Josune Gorospe criticó la enmienda de EH Bildu y rechazó que el proyecto de ley esconda un proceso de privatización. «Los valores de las fundaciones son los mismos que los de las cajas, la acción social es la misma y no se ha perdido el control publico», manifestó. Además, acusó a la coalición soberanista de plantear una enmienda que es «pura ficción». «Ustedes saben que algunas de las cuestiones que han planteado no son posibles, ni desde el punto de vista jurídico ni político. Se han situado fuera de la realidad», dijo.

En la misma línea, el representante del PSE Txarli Prieto acusó a EH Bildu de plantear un «desenlace imposible» e invitó a Isasi a modificar la norma en el debate de enmiendas parciales. «Utilicemos ese margen para garantizar que las fundaciones bancarias sean públicas, que en el patronato tenga una mayor presencia el sector público, que la obra social sea más trasparente», señaló. También criticó la «poca ambición» del Gobierno autonómico ya que, a su juicio, hay que desarrollar una norma «con una mayor agresividad», empleando el autogobierno.

Por su parte, el parlamentario del PP Antón Damborenea afirmó que la coalición soberanista incurre en una «contradicción» al rechazar la norma estatal y presentar una enmienda de totalidad al proyecto de Lakua.

Tras esta votación, los grupos parlamentarios deberán iniciar el debate de las enmiendas parciales y, posteriormente, se someterá a votación la proposición de ley.

Respuesta social al proceso de bancarización

Los integrantes de la Plataforma por un Sistema Financiero Público Vasco y contra la Privatización de Kutxabank, en la que participan agentes sociales y sindicatos, mostraron ayer su rechazo a un proyecto de ley que «no es más que el certificado de liquidación de las cajas». «Es un paso más en la privatización porque deja abierta la puerta a que las acciones caigan en capital privado y perpetúa el modelo de fundaciones bancarias», comentaron Jaione Landaluze y Bea Martxueta, que reclamaron la devolución de estas acciones de Kutxabank a las entidades fundadoras.

Asimismo, instaron a Lakua a hacer «una auténtica ‘ley de cajas’ para mejorar y profundizar el carácter público y social de las mismas, sin más limitaciones que las decisiones de la ciudadanía y de las instituciones vascas». Reclamaron que se adopten las iniciativas políticas e institucionales necesarias para «construir un sistema financiero público vasco, que nos permita atender las demandas de la pequeña y mediana empresa, y de las personas». Por último, pidieron la retirada del proyecto de ley e instaron al Ejecutivo a que estudie «todas las alternativas posibles, teniendo en cuenta la opinión de las organizaciones sociales y de los sindicatos».

Los colectivos que forman la citada plataforma desplegaron ante el Parlamento de Gasteiz una pancarta en la que se podía leer el lema “Euskal Herrian sistema finantziero publikoa. Kutxabanken pribatizaziorik ez!”. I.S.

Los sindicatos critican la Ley de Cláusulas Sociales y EH Bildu afirma que es una «burla»

El Pleno del Parlamento de Gasteiz aprobó ayer la Ley para la inclusión de Cláusulas Sociales en la contratación pública. Una norma que, en opinión de EH Bildu, es una «burla» a la Iniciativa Legislativa Popular presentada por ELA, que recabó la firma de 110.000 personas.

Cabe recordar que la citada ILP, registrada hace más de dos años en la Cámara autonómica, reclamaba que en la subcontratas de la Administración Publica se garantizase el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales, manteniendo la subrogación y el cumplimento de los convenios sectoriales.

Estas peticiones han quedado diluidas en el texto acordado por PNV y PSE, que contó con el apoyo de todos los grupos salvo EH Bildu. La ley establece que las empresas licitadoras estarán obligadas a indicar qué convenio colectivo será de aplicación, así como a respetarlos durante todo el contrato, pero no exige la aplicación de los convenios sectoriales.

«Con vuestro acuerdo, ignoráis una de las principales preocupaciones de esta sociedad, rechazáis la voluntad que representan 110.000 firmas y avaláis la precariedad laboral que practican las empresas subcontratadas por la Administración Pública», destacó la parlamentaria soberanista Belén Arrondo.

La aprobación de la norma también despertó el malestar de los representantes LAB, que protagonizaron una protesta al término del debate. Disfrazados de «Superprekaria» y «Superprekari», lanzaron octavillas desde la tribuna y leyeron un escueto comunicado antes de ser desalojados. «Han aprobado una ley que no tiene ningún valor para los intereses de los trabajadores», denunciaron.

En la misma línea, el sindicato ELA reiteró que el texto acordado por el PNV y el PSE supone «un fraude a los trabajadores de las subcontratas en el ámbito de la CAPV y boicotea los temas centrales de esta Iniciativa Legislativa Popular». I.S.