Jueces para la Democracia (JpD) ha hecho público un comunicado en el que sale en defensa del juez José Ricardo de Prada, después de que el ministro de Interior español instara ayer al Consejo General del Poder Judicial a que «tome alguna medida» contra el magistrado por la charla que dio el jueves pasado en Tolosa, en la que admitió la existencia de torturas y la falta de respuesta judicial.

Para la asociación de jueces, Jorge Fernández Díaz «instrumentaliza a las víctimas del terrorismo en un supuesto en el que estas no eran aludidas por el magistrado De Prada, que se limitó a mostrar su preocupación por la existencia de casos de torturas que, aunque no son sistemáticos, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho».

«La realidad de estos casos está confirmada por diversas resoluciones judiciales, que el ministro parece desconocer. Debemos recordarle que entre ellas se encuentra la condena por torturas a cuatro agentes que fueron indultados por el Gobierno del que forma parte, a pesar de los informes desfavorables del tribunal sentenciador», afirma en su comunicado.

JpD recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado «hasta en seis ocasiones» al Estado español por no investigar denuncias de torturas y que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa le ha reclamado «mayor firmeza para impedir malos tratos y torturas a personas detenidas».

Tras mostras su convencimiento de que las FSE «no comparten que la lucha contra el terrorismo pueda realizarse con instrumentos ajenos al Estado de Derecho, que resultan especialmente contrarios a la dignidad humana», señala que las «actuaciones puntuales que supongan un trato inhumano o degradante contra las personas detenidas no pueden silenciarse, sino que han de ser perseguidas desde el derecho penal».

En ese sentido, entiende que las declaraciones de José Ricardo de Prada son «pertinentes para analizar los límites del Estado de Derecho, desde una perspectiva de defensa de sus instituciones desde el ordenamiento constitucional», y considera «inadmisible cualquier intento de limitar su libertad de expresión o de atacar el ejercicio de su independencia judicial».

JpD recuerda que De Prada tiene más de 25 años de experiencia en la Audiencia Nacional y que tiene una «amplia trayectoria de protección de los derechos humanos a nivel internacional» como juez en la causa de la guerra de los Balcanes e integrante de diversas organizaciones que trabajan en ese ámbito.

«No podemos decir lo mismo de Jorge Fernández Díaz, que pasará a la historia como el ministro que ha impulsado los mayores recortes de derechos y libertades de nuestra democracia», subraya.