En su último informe, publicado el domingo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció la continua obstrucción del Gobierno del presidente Peña Nieto al esclarecimiento de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala en setiembre de 2014.

«La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad de un caso de esta magnitud», remarcaron los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el doctor en sicología social Carlos Martín Beristain.

Advirtieron que otros cuerpos policiales, como la Policía Federal y policías del estado de Guerrero, pudieron tener participación en los ataques, que se desataron en distintos puntos de la ciudad de Iguala cuando los jóvenes tomaron autobuses para participar en una protesta.

En su primer informe de setiembre del año pasado, el GIEI puso en tela de juicio la investigación del exfiscal Jesús Murillo Karam, cercano a Peña Nieto y que sostiene que los estudiantes fueron masacrados y quemados en un basurero de Cocula, un pueblo cercano a Iguala.

El portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, instó al Ejecutivo a «garantizar un seguimiento efectivo de la investigación y a resolver los problemas estructurales que puso en evidencia». «Este caso se ha convertido en una prueba de la voluntad y capacidad de las autoridades de afrontar la violencia criminal y la corrupción», subrayó Colville.

Los padres de los estudiantes se manifestaron ayer en México DF para rechazar la salida del GIEI, que el domingo presentó un vídeo en el que se ve al director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en las inmediaciones del río San Juan, un día antes de que se encontraran bolsas con restos humanos, a partir de los cuales se identificó a Alexander Mora Venancio, uno de los estudiantes desaparecidos.