Director de Amnistía Internacional (AI) en el Estado español, Esteban Beltrán participó en una mesa redonda sobre la crisis de refugiados en los cursos de verano de la UPV/EHU.

AI nació en 1961. ¿Cuál es su balance de la situación actual de los derechos humanos?

Vivimos una mala época, marcada por dos tendencias negativas. La primera son las restricciones a la libertad de expresión, reunión y manifestación, que se da en 119 países del mundo, cuando hace cuatro años habíamos identificado leyes restrictivas en 76 países.

¿Y la segunda tendencia?

Tiene que ver con unos conflictos armados cada vez más sangrientos, y no solo con gobiernos que cometen terribles abusos de derechos humanos sino con grupos armados como el ISIS, Boko Haram..., que controlan territorio y someten a su población a abusos inimaginables.

¿No se han registrado avances?

Las dos tendencias más positivas vistas son, por un lado, la abolición de la pena de muerte. Vamos hacia un mundo sin pena de muerte y por primera vez hay más países que han abolido la pena de muerte que aquellos que la mantienen. La segunda es la rendición de cuentas de autoridades del Estado. Hasta que cayó el Muro de Berlín solo se perseguía a los nazis. A partir de 1989 hemos tenido los juicios por la guerra la ex-Yugoslavia, tenemos un TPI que mantiene orden de búsqueda y captura a un jefe de Estado en ejercicio, en Argentina hay 500 militares en arresto domiciliario o detenidos... Sin caer en la autocomplacencia, porque son la excepción, ha habido un avance sustancial.

¿Cuál es el escenario más crítico hoy en el mundo con respecto a los derechos humanos?

Tiene que ver con la libertad de expresión, reunión y manifestación y con el mantenimiento de algunas de las graves violaciones de los derechos humanos derivadas de la falta de garantías, como la tortura, que sigue siendo la más clandestina de las violaciones de los derechos humanos y se sigue practicando en al menos 122 países. Pero lo emergente tiene que ver con los conflictos armados, que hacen que la gente huya y que tratemos mal a los que huyen.

AI se ha significado en sus críticas al acuerdo UE-Turquía. Incluso ha denunciado a Ankara por expulsar e incluso matar a refugiados.

Hemos documentado expulsiones, la frontera turca está cerrada salvo a los colectivos muy vulnerables. No sabemos cuál es la situación en los campos porque no nos permiten el acceso. Y Turquía no es precisamente un país que destaque por su respeto a los derechos humanos.

En definitiva, Turquía no es un país seguro, que es el argumento fundamental del acuerdo. Hasta los jueces griegos nos han dado la razón y no están devolviendo a ningún asilado.

El acuerdo es ineficaz, ineficiente, inmoral e ilegal. Hay que desterrarlo y conseguir que toda esa gente vaya a un sistema de asilo común con garantías, en Europa y en otros países, pero no en Turquía. No es el lugar.

Turquía no será un país seguro, pero alberga a tres millones de refugiados. Y, según los informes, tampoco Líbano (más de un millón) y Jordania (800.000) lo son.

Hay diferencias, pero efectivamente hay que impulsar un programa de reasentamiento. Entre esos cinco millones de personas hay 1.020.000 compuesto por los colectivos más vulnerables: menores y mujeres solas, ancianos, heridos, discapacitados, gente con traumas de guerra... que debería distribuirse entre los 48 países del mundo que pueden recibir a los refugiados en condiciones. Es una responsabilidad compartida.

El problema no es Turquía, sino los países, sobre todo de la UE, que se niegan a asumir su cuota de refugiados.

Correcto y, además, depende de los países. El año pasado llegaron a Europa 1.300.000 refugiados. Alemania tuvo 461.000 solicitudes de asilo, Suecia 162.000. España registró no más de 14.000 y solo concedió un millar. La diferencia es la voluntad de acoger, aunque ello conlleve muchas dificultades. Acabamos de publicar un informe sobre el aumento de ataques racistas en Alemania.

Un informe en el que acusan a Alemania de racismo institucional, la misma Alemania de Merkel que desde 2015 ha acogido a 1,2 millones de huidos.

Así es, pero lo que está fallando es que la Policía alemana no está investigando los ataques racistas. Pero existe la voluntad de acogida por parte del Gobierno alemán. Lo que no se puede decir en el caso español.

¿Cómo describiría el sistema de acogida de refugiados en el Estado español?

Es discriminatorio y arbitrario, además de ineficaz y obsoleto, porque está regido por una ley de asilo de 2008 que, además de no cumplir ni una sola de las directivas europeas, no tiene ni siquiera un reglamento, lo que significa que todo el sistema de acogida se basa en normas ad hoc. Y todo ello en el contexto de la peor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial.

No es solo que no lleguen, sino que cuando llegan no se quedan, porque el sistema lleva a la indigencia, ya que la acogida solo alcanza los 18 meses. Por contra, en Alemania pueden tener reagrupación familiar…

Hay quien critica, también desde la izquierda, una suerte de buenismo ingenuo en las asociaciones de defensa de los refugiados y, en general, de los derechos humanos, un buenismo que, según esa tesis, acaba reforzando, por oposición, las posiciones de la ultraderecha.

Aquí no estamos hablando de tesis, antítesis o hipótesis, sino de obligaciones legales. Acoger al que pide entrar en tu país para no morir en la guerra es una obligación legal. Lo que es irresponsable y puede crear incertidumbre en la sociedad es no organizar bien esa llegada.

Acabamos de publicar una encuesta en 20 países que certifica que la mayoría de la gente está de acuerdo en recibir a los refugiados. Siempre hay actitudes defensivas, siempre hay una minoría que quiere imponer las cosas violentamente, pero los datos señalan que la mayoría de la población lo apoya.

Pero aunque no lo apoyara la mayoría de la población, seguiría siendo una obligación legal.

No podemos tragarnos nuestros principios y nuestro objetivo es dar un paso más y lograr que la responsabilidad de compartir refugiados sea también una obligación legal.

Los refugiados no pueden ser el problema de uno u otro país y, visto que muchos gobiernos no hacen caso a la opinión de sus sociedades, habrá que pensar que tendremos que hacer que esa responsabilidad de compartir sea vinculante.

«España no investiga casos de torturas y eso es gravísimo»

Estrasburgo acaba de condenar al Estado español, y van ocho, por no investigar las torturas al ciudadano vasco Xabier Beortegi. ¿Cómo valora la actitud de Madrid?

Existe un déficit gravísimo. Primero, porque hay una legislación que permite la opacidad, con el régimen de incomunicación y la detención arbitraria con una ley antiterrorista muy ambigua, con figuras como la del enaltecimiento, que se ha aplicado ¡a unos titiriteros!

Desde AI hemos pedido tanto al Gobierno vasco como al central que pongan en marcha mecanismos independientes de investigación de abusos policiales, como existen en Reino Unido, en Holanda... pero tememos que en el marco del debate sobre el código policial se quede en una simple comisión ética.

Por otro lado, hay una falta de reconocimiento a las víctimas de tortura. Hay un consenso internacional total, desde Estrasburgo hasta la ONU, de que la investigación, la reparación y el reconocimiento de la tortura es una asignatura pendiente en España.

Concediendo que hay que denunciar toda violación de los derechos humanos, hay quien critica a organizaciones como la que usted dirige que denuncien con una contundencia similar las que cometen organizaciones ilegales y las que perpetran los estados cuando éstas son por su propia definición mucho más graves…

El sufrimiento de las víctimas es el mismo. El del que es quemado en una aldea por Boko Haram, la persona que sufrió un tiro en la nuca por parte de ETA o la que ha sufrido torturas o malos tratos en una comisaría… Hay diferentes responsabilidades pero siempre tiene que haber verdad, justicia y reparación.

Por lo tanto, vamos a seguir denunciando a unos, al Estado, porque es su obligación, pero también a los otros, porque el simple hecho de no haber firmado un papel no faculta a nadie para cometer abusos de ningún tipo.

Por tanto, seguiremos peleando para que en el marco de Euskal Herria tengan derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación tanto las víctimas de ETA como las víctimas de la tortura.D.L.