Mientras en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo se afronta la última fase del proceso concursal por la quiebra de Karrantzako Minda, la promotora de la frustrada planta de tratamiento de purines de Karrantza, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Balmaseda continúan las diligencias para determinar si los responsables del fiasco cometieron algún delito, tal y como defienden Fiscalía y acusación particular que ejerce el Consistorio.

En los últimos meses se han sucedido las tomas de declaración de testigos e investigados, al tiempo que las acusaciones van solicitando a la jueza la práctica de pruebas y requieren documentación en una instrucción que ya acumula siete tomos. En ese contexto, se va a enviar un exhorto al Gobierno de Gasteiz, Diputación vizcaina y Abogacia del Estado invitándoles a personarse en la causa. Las tres administraciones tienen mucho que decir pues, según se desprende de la documentación, otorgaron 13,5 millones de euros en ayudas públicas, de los que se llegaron a cobrar diez.

En la querella impulsada por la sociedad municipal Karrantza Haraneko se señala a Martín Ascasibar Gregorio, un alto cargo de Lakua que luego ocupó responsabilidades en Karrantzako Minda y Ade Biotec, como el «cerebro» que urdió la operación pero también a otras personas cuyo concurso fue necesario. Es el caso de un funcionario de Agricultura que rubricó los informes ad hoc por los que se otorgaron las ayudas de los programas Ikerketa 2006 y 2008, en el primero con un documento en blanco, como constató el TVCP, y que ha pasado de testigo a investigado después de una primera toma de declaración.

Ayer testificó en Balmaseda un responsable de la empresa Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, quien redactó un informe técnico. Su autor, según dijo, Felipe Mendibil, por entonces director técnico, que abandonó la firma para pasar a asesorar a Ade Biotec y que está acusado en el proceso concursal como cómplice.