La propuesta del PP para endurecer el acceso a la RGI ha sido rechazada por el pleno del Parlamento por 64 votos en contra –los que suman el PNV, EH Bildu, PSE y UPyD– y los diez votos a favor de los parlamentarios del PP.

Esta es la segunda propuesta de estas características que se rechaza en esta legislatura, después de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada en su día también desde el PP, y muy especialmente por Javier Maroto, que fue debatida el pasado mes de octubre.

Desde el PP se ha asegurado que su proposición no tiene el objetivo de «endurecer» los requisitos de acceso al sistema, sino «todo lo contrario». Además, han insistido en la necesidad de combatir el «fraude» en el cobro de estas prestaciones, que afecta al 0,7% del volumen total de las ayudas.

El resto de grupos han rechazado los argumentos del PP, al que han reprochado su «electoralismo» por haber registrado esta iniciativa en mayo, sin tiempo para concluir su tramitación parlamentaria debido a la proximidad del final de la legislatura.

Mejorar el sistema

Asimismo, han coincidido en la necesidad de «mejorar» el sistema, pero han afirmado que el PP «miente» cuando dice que sus propuestas no son para «recortar» las ayudas. También han coincidido en reprochar al PP que insista en la necesidad de combatir el supuesto fraude, pero que luego no incluyan medida alguna para ello en su iniciativa

En su proposición de ley para modificar la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social de 2008, el PP defiende que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera las personas en situación irregular, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales.

El PP apuesta también por que se exija como requisito para cobrar la RGI el empadronamiento en la CAV al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud, y no los tres años que se requiere ahora.

Además, pide que se excluya de esta prestación a quienes hayan sido condenados por determinados delitos como los de homicidio, «terrorismo», contra la libertad sexual, contra el patrimonio y salud pública, entre otros.

Posturas

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha asegurado que su iniciativa pretende «reforzar» el modelo y garantizar «que estén en el sistema aquellas personas que realmente deben estar». Garrido ha reiterado la necesidad de combatir las situaciones «abusivas» detectadas en los cobros y pagos de estas ayudas.

Por parte del PNV, Amaia Arregi ha recordado que el Gobierno de Lakua ya ha puesto en marcha medidas para «mejorar» la gestión del sistema. En todo caso, se ha mostrado dispuesta a analizar las propuestas orientadas a reforzar la eficacia del modelo actual, aunque ha rechazado introducir «recortes» como, según ha dicho, pretende el PP.

La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha coincidido en que el objetivo del PP es «recortar» la RGI, y ha destacado que ese partido centra sus propuestas en endurecer los requisitos de acceso a las ayudas pero no plante medida alguna contra el supuesto fraude.

Además, ha recortado que las irregularidades en estas ayudas se cifran en un 1%, mientras el fraude fiscal «supera» los 2.000 millones anuales en la CAV.

Jose Antonio Pastor, del PSE, ha denunciado que el PP ha demostrado de forma «machacona» que su objetivo es «recortar» el sistema de ayudas sociales. Pastor, además, ha cuestionado la constitucionalidad de excluir de la RGI a las personas condenadas que hayan cumplido sus penas, y ha reprochado al PP que no plantee quitar estas ayudas a las personas con antecedentes por delitos de corrupción.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha censurado el «populismo» y las intenciones «electorales» del PP al que ha invitado a centrarse en la persecución del fraude relacionado con los casos como los de su supuesta financiación ilegal o las tramas ‘Gürtel’ o ‘Púnica’.