Por unanimidad, y tras aplazarse hace dos semanas su debate para mejorar técnicamente la redacción, la ley ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de adecuar la normativa navarra al cambio legislativo establecido en el Estado.

La Ley establece una serie de disposiciones que regulan el procedimiento administrativo que regirá la declaración del herrialde como heredera abintestato (procedimiento judicial sobre herencia y adjudicación de bienes de quien muere sin testar o cuyo testamento se anula y no hay herederos).

Entre esas, la competencia para su resolución, los requisitos y formas de su publicidad, las actuaciones instructoras a llevar a cabo, el plazo máximo para resolverlo y el contenido y efectos de dicha declaración administrativa hasta proceder a la liquidación de los bienes y derechos.

Según ha defendido el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, tras la actualización efectuada, la declaración de Nafarroa como heredera abintestato deja de ser un procedimiento tramitado por vía judicial, para convertirse en un procedimiento administrativo.

Así, los actos administrativos dictados en este procedimiento solo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento de la vía administrativa.

Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su mejor derecho a la herencia u otros de carácter civil por la declaración de heredera abintestato o la adjudicación de bienes a favor de la Administración, sólo podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Respecto a la cantidad a heredar, la nueva norma determina que, en defecto de los parientes estipulados y tras la liquidación de bienes y derechos, se ingresará en la Tesorería de Nafarroa, con el fin de incrementar la dotación presupuestaria destinada a fines de interés social.

Esta modificación deja sin efecto el vigente reparto entre asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, una modalidad «poco práctica» reglamentada «desde antiguo», ha advertido Aranburu para justificar el cambio.

Hasta ahora, la sucesión legal a favor de Nafarroa se encontraba regulada en las leyes 304 y 307 de la Compilación de Derecho Civil Foral de Nafarroa (Ley 1/1973, de 1 de marzo), en la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Nafarroa, y en el Decreto Foral 166/1988, de 1 de julio.

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han aprobado por unanimidad dos enmiendas de modificación suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda Ezkerra, apoyadas por PSN, UPN y PPN.

En el turno de UPN, Juan Luis Sanchez de Muniáin ha dado su voto a favor pese a la «redacción francamente mejorable» del proyecto, que ha mejorado «algo» con las enmiendas, pero ha echado en falta una mejor adaptación al sistema foral propio de Nafarroa, aunque ha reconocido la necesidad de «armonizar y trasponer» la situación navarra y la estatal.

Por Geroa Bai, Jokin Castiella ha advertido de que no se trata de «una simple modificación técnica», ya que el proyecto «afecta a la singularidad del autogobierno de Navarra», a la compilación del Derecho Civil y a la Ley de Patrimonio de Nafarroa, por lo que se ha congratulado de «llevar al siglo XXI» este proceso con ley propia.

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha apoyado la modificación porque mantiene el sentido del destino anterior de esas herencias pero lo moderniza, de forma que irán «a las arcas forales y municipales» pero «mejora» en su redacción y determina un reparto entre diferentes fines sociales actualizados (desempleados, desarrollo internacional y medio ambiente).

Por el grupo Podemos, Fátima Andreo también ha valorado los cambios, al hacer más «ágil» el procedimiento administrativo, que «ayuda a mejorar la transparencia y a racionalizar» el proceso.

En la misma línea, Inma Jurío, del PSN, ha coincidido en que el cambio «traslada y armoniza con nuestra legislación la normativa estatal».

Por el PPN, Ana Beltrán ha anunciado su voto favorable, al igual que José Miguel Nuin (I-E), que ha deseado que el cambio ayude a «aumentar la transparencia y racionalizar el sistema».