Al aprobar la ley de «Justicia contra los patrocinadores del terrorismo» (JASTA, por sus siglas en inglés), por primera vez en los ocho años que lleva en el poder, las dos cámaras del Legislativo de EEUU han anulado un veto de Obama. Con dicha norma, se permitirá a las víctimas del 11S demandar al Estado y a la familia real saudí –15 de los 19 suicidas eran de esa nacionalidad–si se confirma que estuvieron vinculados con los ataques, quizá no como responsables directos, pero sí como cómplices.

Las alertas no se han hecho esperar. Obama habla de «precedente peligroso» que abre las puertas a que individuos de todo el mundo puedan demandar al Gobierno de EEUU. El director de la CIA, John Brennan, advierte de las «graves implicaciones» para la seguridad nacional y de «consecuencias negativas potencialmente enormes».

Para Arabia Saudí ha sido una «puñalada por la espalda». Una acusación directa que abre la caja de Pandora. Ironías de la vida, el Congreso de EEUU acaba de aprobar también la venta de armas por valor de 100.000 millones de dólares a un Estado al que puede llevar a juicio por haber patrocinado el 11S. Que su mayor proveedor de armas, que su socio militar en Yemen, donde, además de bombardear funerales, mercados y escuelas, llevan conjuntamente un bloqueo naval, pueda obligar a alguno de sus príncipes a desfilar por un tribunal del distrito sur de Manhattan, juzgado natural porque allí ocurrieron los ataques, ha hecho saltar todas las alarmas.

Y es que para Arabia Saudí, sin olvidar sus operaciones conjuntas en Siria y otros escenarios, EEUU es su escudo «anti-Irán», además de ser el guardián de sus gigantescas reservas energéticas y el principal banquero de sus activos financieros.

Los saudíes, sus aliados del Golfo y los medios de comunicación de su órbita, escandalizados por lo que consideran un paso basado en rumores y teorías de la conspiración, han hecho saber que podrían reducir el intercambio de inteligencia militar con su viejo socio y, sobre todo, vender los activos que tienen en EEUU, valorados en 750.000 millones de dólares. Aunque los economistas internacionales ponen en duda que Arabia Saudí dé ese paso, por sus graves consecuencias sobre todo para los saudíes, la «amenaza» muestra el grado de tensión que ha creado el JASTA.

Esta ley modifica un precepto básico de las relaciones internacionales. A saber, el de la inmunidad soberana. Una doctrina legal según la cual un Estado no puede hacer ningún mal y es inmune a cualquier demanda civil o enjuiciamiento criminal. Es el último recordatorio de que un Estado siempre es, a diferencia del común de los mortales, un delincuente impune y, encima, lo es a escala industrial, de manera mecanizada.

La consigna del «¡Primero, las víctimas!» es políticamente muy popular, emocionalmente apela a instintos que movilizan el electorado. Los senadores y congresistas, republicanos y demócratas, son muy conscientes de ello y tiran a lo «fácil». Sin calibrar las consecuencias que puede tener usar el sistema de responsabilidad civil de un estado como un mazo geopolítico.

Pero si las víctimas del 11S pueden demandar a Arabia Saudí, ¿pueden las víctimas del «terrorismo made in USA» demandar a EEUU? ¿Podrán las familias de los miles de afganos, somalíes, paquistaníes, iraquíes –se estima que 17 civiles murieron en cada ataque aéreo– o yemeníes bombardeados por los estadounidenses apelar a sus propios «JASTAs»? ¿Podrán tener esos niños afganos o paquistaníes que tienen pánico al cielo azul porque ofrece a los drones visibilidad para bombardearlos acceso a la Justicia? En teoría, sería maravilloso. Pero no parece aventurado pensar que, sencillamente, nos encontramos ante la última prueba del excepcionalismo de EEUU.

Como plantea con una lógica aplastante la activista social y especialista en islamofobia, Mobashra Tazamal, si el Congreso de EEUU aprueba vender armas por valor de 100.000 millones de dólares a un Estado al que supone patrocinador del terrorismo y cree que pudo haber participado en los ataques del 11S, ¿no está financiando y patrocinando el terrorismo contra su propio pueblo?

En esta historia, a algunos lo que realmente les importa no son las familias de las víctimas del 11S, sino el cálculo de los efectos electorales de sus decisiones. Los casi 3.000 muertos y los 6.000 heridos son combustible para el normal funcionamiento de su politiquería.