En la sesión se han debatido 99 enmiendas, de las que se han aprobado 14, las 10 in voce suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E (a una se ha sumado el PSN), dos del PSN (aclaraciones) y otras dos del PPN, estas para reforzar el «control político» del Parlamento, mientras que las 54 sostenidas por UPN han decaído, así como otras 14 de PSN y 16 del PPN.

El proyecto de ley busca promover la integración socio-laboral mediante procesos personalizados y regular el acceso a la Renta Garantizada en cuanto prestación básica, económica y periódica destinada a personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

Esta nueva prestación, que sustituirá a la actual Renta de Inclusión Social (RIS), supondrá una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones de euros, de los que 5,08 corresponderían a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, cuya distribución por años sería de 60.600 euros en 2016, 11,3 millones en 2017 y 2,3 millones en 2018.

Con estas cantidades se pretende mejorar la cobertura y las cuantías que reciben actualmente unas 25.000 personas, que son aproximadamente el 80 % de las perceptoras de la renta de inclusión social. Por el contrario, unas 5.000, el 20 %, verían reducida su prestación de los 655,20 euros mensuales a los 600 euros.

Además, otras 2.800 personas nuevas podrían incorporarse a la renta garantizada gracias a la extensión de esta prestación a personas mayores de 65 años; y a la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda.

También por el acceso de unidades familiares con menores, dependientes o personas con discapacidad superior al 65 % que lleven solo un año de residencia en Nafarroa; o la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 36 meses si persiste la situación de necesidad.

Con todo ello se busca «combatir la pobreza severa, mejorar la cohesión social y procurar la integración social y laboral del conjunto de la sociedad navarra, sin menoscabo del avance que, dadas las prestaciones de las que podrán beneficiarse las mujeres, supone hacia la igualdad de género».

Las personas que quieran acceder a esta nueva prestación deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente, y estar inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Navarro de Empleo, y acreditar una residencia efectiva en Nafarroa de al menos dos años. Como novedad, no será necesario contar con un permiso legal de residencia en el Estado español.

Actualmente, solo pueden acceder a la renta de inclusión social aquellas personas en situación irregular que tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años o que hubieran perdido la residencia legal tras quedarse sin empleo. Otro requisito es la edad, que será a partir de los 18 años.

El proyecto de ley incluye una nueva escala de cuantías económicas, que supone una mejora para aquellas familias con dos o más miembros, de forma que las cuantías oscilarán desde los 600 hasta los 1.200 euros, cuando actualmente varían entre los 655,20 y los 982,90 euros.

Con estos nuevos baremos se desea priorizar la lucha contra la pobreza infantil en las familias con menores a su cargo, y se apunta al respecto que en 2015 el 38 % de las personas beneficiadas por la renta de inclusión social tenían menos de 18 años, es decir, 10.820 de un total de 28.839. De estos menores, 3.891 vivían en una familia monomarental y 462 en una monoparental.

El proyecto establece también una serie de medidas para incentivar el empleo y la inserción socio-laboral que, según se precisa, se irán ampliando con el desarrollo de la ley.

En cuanto a los grupos, UPN y PSN han esgrimido motivos de filosofía y modelo para desmarcarse del respaldo al proyecto de ley, al estimar que se enuncia, «sin concreción», un derecho como el de la inclusión social que se deja al albur de un plan estratégico «vacío, por no ser de obligado cumplimiento».

El PPN, por su parte, ha mostrado su disconformidad con una Ley que «tiende más a crear una sociedad asistencial, dependiente de las prestaciones, que a fomentar la inclusión social a través del empleo», y ha alertado del «efecto llamada» que la no exigencia de la residencia legal puede tener.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, por el contrario, coinciden en asegurar que se trata del mejor proyecto de ley posible en este momento. «Responde a un modelo de sociedad y a un concepto de exclusión distinto» al de otros. Se regulan dos derechos, Renta Garantizada e Inclusión Social, que «se pueden ejercer bien de forma individual, bien de forma conjunta».

Tras la aprobación del dictamen y, previamente, superar la enmienda a la totalidad formulada por UPN, la proposición de Ley Foral por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada será elevada a Pleno para su definitivo debate y votación.