Hasta la fecha, la reforma del Código Penal había traído la reducción de penas en el caso de varios militantes independentistas vascos con ausencia de violencia en los delitos por los que fueron condenados. Sin embargo, esa misma reforma del Código Penal de la que se ha venido alertando permite juzgar los hechos de Altsasu como «terrorismo» en base al artículo 573, que prevé penas de prisión de 10 a 15 años «si se causaran lesiones, se amenazara o coaccionara a una persona».

La campaña de criminalización contra el movimiento anti-militarista y el pueblo de Altsasu esperaba con ansia una chispa que permitiese dar un golpe sobre la mesa. Y qué mejor que una pelea en un bar a las 04:00 de la mañana de un día de ferias del pueblo. Una chispa que ha provocado un gran incendio que, seguramente, ha trascendido mucho más allá de lo que incluso los guardias implicados en la pelea hubiesen deseado. Solo así se explica que mientras que, en un primer informe basado en la declaración de éstos y sus parejas, la Guardia Civil apuntase a un delito de «odio» y, pasados los días, tras pasar por cocinas seguramente alejadas de Nafarroa, se replantease su postura para hacer referencia a un delito de «terrorismo». A los dos detenidos el mismo día, les acusaron de un delito de «lesiones». La bola ha ido creciendo a la par del interés mediático.

Esta claro que en la madrugada del 15 de octubre hubo una pelea en Altsasu. Pero es lo único que está claro. Nadie se replanteó la versión oficial de la «brutal paliza», como tampoco se cuestiona la implicación de los encarcelados y el resto de imputados. Y esto a pesar de que una de las personas salía de trabajar en el momento de la trifulca, y otra se encontraba en casa durmiendo.

Tampoco se ha querido incidir en la raíz del problema: el papel de las fuerzas españolas en Euskal Herria y la masiva militarización de la zona. En Sakana, sin ir más lejos, hay dos cuarteles para una población de 19.000 habitantes. Y hasta hace no mucho, eran tres. Y Ospa Eguna aglutina un deseo mayoritario mediante una jornada de fiesta y reivindicación.

El 15 de octubre ha supuesto un filón para acabar con él. Y de paso, se ha llevado por delante a siete jóvenes, doce imputados en total. Jóvenes conocidos por su implicación con el movimiento popular del pueblo, por su participación en actividades organizadas en la localidad. Y, por supuesto, conocidos por los agentes implicados en la trifulca y por quienes acudieron el lunes de madrugada a detenerles.