La medida formaba parte del primer punto de la moción del PSOE consecuencia de la interpelación que dirigió el pasado miércoles al ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, y ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el PP y el Foro de Asturias.

Ciudadanos, como ya hiciera en una propuesta similar el pasado 5 de abril, ha optado por la abstención al subrayar que es favorable a «reformar», pero no así a derogar una norma que incluye 44 supuestos de sanciones administrativas.

El PP ha defendido la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en julio de 2015, alegando que es una norma necesaria para hacer frente a la amenaza yihadista, además de garantista con los derechos de los ciudadanos. «España no es Cuba ni Venezuela», ha defendido el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano.

El grupo mayoritario, en cambio, sí ha respaldado otros tres de los cinco puntos de la moción del PSOE, al entender que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja ya para incrementar las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias, así como para reducir los robos en viviendas, rebajar la siniestralidad vial o mejorar la transparencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

Punto por punto

El PSOE ya había anunciado que no iba a aceptar enmiendas para poder votar su iniciativa original punto por punto y así forzar a los demás grupos de la oposición a ‘retratarse’ en cada asunto. De esta forma, ha conseguido sacar adelante cuatro de las cinco medidas planteadas al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En su «moción totum revolutum», según la definición de algunos grupos, el diputado del PSOE Antonio Trevín ha incluido solicitar un «compromiso inequívoco con la seguridad pública» a través del «incremento sustancial y sostenido» de las plantillas policiales, para quienes pide medios más modernos.

En este mismo punto se añadía la petición al Gobierno español para que, en un plazo de tres meses, elabore un plan operativo para reducir el robo en viviendas y explotaciones agrícolas, así como un paquete de medidas contra la siniestralidad vial. En este caso también ha contado con el respaldo de todos los grupos, excepto de ERC, que se ha abstenido.

Los grupos han discutido sobre la exigencia de una mayor transparencia en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), un recurso que el PSOE quiere restringir a «supuestos imprescindibles y que no supongan más limitaciones a los internos que los indispensables, asegurando sus derechos y asistencia sanitaria con supervisión judicial».

Al igual que en los anteriores casos, ERC se ha abstenido y solo el voto favorable del PP ha evitado que el ‘no’ de Podemos –que considera estos centros como una «medida de castigo»– tumbara la propuesta del PSOE.

El único punto de la moción que no ha salido adelante ha sido el referente a aplicar el Código Penal Militar en la Guardia Civil solo en «situaciones extraordinarias», instando a la modificación de un texto reformado el pasado mes de enero. El PP ha votado en contra y Unidos Podemos se ha abstenido al considerar que, tal y como ha sido redactado por el PSOE, «no aporta nada».