Representantes de la mayoría sindical vasca han anunciado en conferencia de prensa en Bilbo un reforzamiento de la movilización sindical con el fin de que lo que consideran «una lacra social» se incluya como un asunto prioritario en la agenda política.

Según sus datos, en lo que va de año 53 trabajadores han perdido la vida en el trabajo en Hego Euskal Herria, frente a los 52 contabilizados en el conjunto de 2015.

Dichos sindicatos opinan que las estadísticas en la materia «no reflejan la realidad» porque no catalogan como accidentes laborales muchos incidentes y porque otros siniestros «se ocultan» debido a "la precariedad generalizada" en las relaciones laborales.

Sus cifras indican que en el conjunto de Hego Euskal Herria los accidentes laborales se han incrementado un 9,5 % en los diez primeros meses del año (un total de 87.804 siniestros); que se producen 288 accidentes laborales cada día, uno cada cinco minutos; y que un tercio de los siniestros mortales se han registrado en subcontratas.

Para ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru, sindicatos que vienen movilizándose de forma unitaria en las empresas en las que se producen siniestros de carácter mortal o muy grave, la precariedad laboral, la subcontratación, la temporalidad, los elevados ritmos de trabajo, la falta de formación, la falta de inversión en prevención, por «la codicia de las empresas», son causas de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

Respecto a estas últimas, han vuelto a denunciar «la infradeclaración escandalosa» y «ocultamiento» de las enfermedades con origen laboral.

Como ejemplo, han indicado que en las estadísticas relacionadas con enfermedades profesionales no se registra ni una sola muerte ocasionada por enfermedad profesional a pesar de que, «a resultas del amianto, en los últimos años hayan fallecido 180 trabajadores».

Las responsables de los sindicatos vascos han lamentado que ante lo «inaceptable» de las cifras «los gobiernos de Euskal Herria» hayan recortado el gasto público destinado a la salud laboral, demostrando que este capítulo «no es una prioridad política» para ellos. Según han criticado, «los gobiernos no quieren enfrentarse a los intereses de la patronal».