Goñi, propuesto por el Consejo de Gobierno de la UPNA, ha obtenido un total de 32 votos a favor y 8 en blanco, frente a los 9 apoyos a Torres, si bien este resultado se ha logrado en una segunda votación, forzada tras no sumar en la primera ninguno de los candidatos mayoría absoluta, pese a que Torres fue propuesto en su día por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, que suman 26 de los 50 escaños.

En esa primera ronda, Goñi ha obtenido 7 votos a favor, frente a los 9 de apoyo a Torres y 33 en blanco, una votación secreta en la que los parlamentarios han sido llamados por la presidenta de la Cámara de forma nominal y por orden alfabético.

El pasado 14 de diciembre, tras la renuncia de la candidatura de Fernando Azagra, inicialmente presentado por el Colegio de Abogados de Iruñea, Goñi y Torres acudieron al Parlamento a presentar sus méritos ante los miembros de la Comisión de Régimen foral.

Allí, el finalmente elegido, José Luis Goñi defendió su perfil de «cualificación técnica, neutralidad política e imparcialidad» o independencia que entiende deben tener los miembros de este órgano consultivo al servicio de la Administraciones públicas navarras.

El Consejo de Nafarroa está integrado por siete miembros nombrados por el presidente del Gobierno de Nafarroa, entre juristas de reconocido prestigio y experiencia que tengan la condición política navarra, cinco a propuesta del Parlamento y los dos restantes designados por el Ejecutivo.

El Consejo de Nafarroa es el órgano consultivo superior que vela por la observancia y el cumplimiento de la Constitución del 78, de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero y del resto del ordenamiento jurídico, sin que sus dictámenes puedan contener valoraciones de oportunidad o de conveniencia.

En su comparecencia de la semana pasada, Goñi se dijo «consciente de la responsabilidad que entraña» el puesto de consejero en un órgano cuya función básica es «asesorar» al Gobierno fundamentalmente y velar por cumplimiento de la Constitución del 78, la Lorafna y el resto del ordenamiento jurídico.

Presentó allí sus credenciales académicas y profesionales, como licenciado en Derecho en 1980, profesor en la Universidad del País Vasco, en la de Salamanca y en la UPNA, y otras labores entre las que destaca su paso como asesor en el Tribunal Constitucional español, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la UPNA o miembro del Consejo Social de este centro universitario.

Al respecto, destacó que a estos cargos llegó siempre presentado por otros, ya que «nunca me he postulado a iniciativa propia ni he querido permanecer mas de un mandato» en ellos.

Con una extensa actividad investigadora y de dirección de proyectos, Goñi se detuvo además en exponer la a su juicio idoneidad también en lo que entiende debe cumplir un consejero de este órgano, «cualificación técnica, neutralidad política e imparcialidad de sus miembros».

Al respecto, tras considerar la cualificación expuesta, especialmente en el ámbito de lo social (Derecho del Trabajo y Seguridad Social), defendió su perfil de «neutralidad política», entendida esta lejos de la ambigüedad o ambivalencia, y se mostró «independiente» de cualquier poder, interés o prejuicio.