La negociación del Convenio económico entre Nafarroa y el Estado, una cuestión en la que los grupos parlamentarios mantienen posturas diversas, marca el reinicio de la actividad parlamentaria en este 2017, con la comparecencia del consejero de Hacienda y preguntas de actualidad al Gobierno navarro.

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, informará el miércoles en comisión parlamentaria, a petición propia y en respuesta a una solicitud de UPN, sobre la negociación del Convenio económico y en concreto sobre la decisión del Gobierno de Nafarroa de abonar al Estado 93 millones menos de los inicialmente previstos en el último trimestre.

Además el próximo jueves en el pleno de control al Gobierno el Ejecutivo deberá responder a preguntas sobre esta cuestión formuladas por varios grupos parlamentarios.

La decisión del Ejecutivo navarro ha sido respaldada en declaraciones a los periodistas por los grupos que le sustentan, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, mientras que UPN y PPN la han criticado y el PSN ha apelado a la unanimidad de los partidos navarros de «cara a una buena negociación».

El cuatripartito ha incidido en que la decisión del Ejecutivo se basa en unos informes técnicos, tal y como ha subrayado Koldo Martínez, Geroa Bai, quien se ha preguntado si en ejercicios anteriores con UPN en el Gobierno no se pedían esos informes o si UPN los tenía «y no los ha utilizado para defender los intereses de los navarros» o «las dos cosas», lo que sería «dramático».

Ha asegurado que la decisión no se ha tomado pensando en cuadrar el Presupuesto y ante las críticas de «unilateralidad», ha sostenido que «unilateralidad es la que ha ejercido el Estado, que ha bloqueado la negociación del Convenio».

Adolfo Araiz, EH Bildu, ha afirmado que «ya era hora» de que un Gobierno de Nafarroa defendiera «de verdad» los intereses del herrialde, tras lo que ha instado a que la «transparencia sea total» y el Ejecutivo haga público el informe de los técnicos de Hacienda.

Ha añadido que espera que pronto se cierren todas las cuentas y se vea que «no era cuestión de cuadrar ningún déficit presunto».

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha incidido en el «incumplimiento unilateral» por parte del Gobierno español y ha remarcado que el retraso en la negociación «no puede perjudicar a los intereses de Navarra como ha venido sucediendo».

Pérez ha lamentado que partidos como «UPN, PPN e incluso el PSN antepongan intereses de partido a los intereses de todos los navarros».

Por I-E, José Miguel Nuin ha considerado «urgente» la negociación y ha apelado en este sentido a la «responsabilidad» del Gobierno español, por lo que le ha pedido que «se siente a la mesa y habilite los cauces de negociación», lo que ha sido contestado por Ana Beltrán, PPN, quien ha señalado que ya ha habido reuniones y conversaciones.

Nuin ha dicho que respetan la decisión del Ejecutivo sobre la última aportación y entiende que existe una «base jurídica» para adoptarla, tras lo que ha reiterado que su grupo no va a estar en «una dinámica de confrontación o agravio territorial».

Una postura diferente ha mantenido el portavoz de UPN, Javier Esparza, quien ve la postura del Gobierno navarro como «un paso más en una hoja de ruta marcada», ya que, en su opinión, «todos los gobiernos nacionalistas e independentistas han buscado la confrontación con España» y en este caso se usa el Convenio como «arma arrojadiza», lo que es «un error estratégico».

Esparza ha comentado en relación con los informes técnicos que en los últimos meses del Gobierno de UPN se empezó a recabar informes ante la nueva negociación que debía afrontarse y con el actual Gobierno se continuó trabajando.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha considero un «error» posicionarse en esta cuestión con España o con Nafarroa y ha apelado al entendimiento.

En este sentido, ha pedido que se reúna a todos los partidos navarros para conseguir una unanimidad, que en su opinión es «fundamental de cara a una buena negociación».

Por el PPN, Ana Beltrán, ha contrapuesto la apuesta del Gobierno español por buscar «lo mejor para Navarra y el régimen foral» con la postura del Gobierno navarro, sobre el que ha dicho que al no ajustarse a la legalidad muestra que «prima una ideología, un interés político» por encima del interés general.

El Gobierno es capaz de «pagar 93 millones menos para esconder sus vergüenzas», según Beltrán, quien ha opinado que crea un «mal precedente» a la hora de exigir a los navarros que cumplan la ley.