Así lo ha señalado el consejero de Educación, José Luis Mendoza, en comparecencia parlamentaria en la que ha sido tajante al asegurar que «ni este Gobierno ni este consejero tenemos la intención de empeorar las condiciones de ningún trabajador del sector, ni en la red publica ni en la concertada».

Al respecto, ha recordado que el Real Decreto de 2012 obligó a trasladar en Nafarroa diversos recortes, también en el ámbito de la Educación, si bien el departamento ha actuado repercutiéndolo a las empresas con las que concierta y no a los trabajadores, ya que «no somos la patronal de la enseñanza concertada».

En cualquier caso, ha reconocido haber realizado concesiones al sector, pese a no tener «obligatoriedad» de repercutir este tipo de medidas, como es la subida del 1 % del salario del profesorado para el próximo año, o la prórroga del acuerdo vigente con la patronal y los sindicatos de la red concertada.

El interpelante, Alberto Catalán, por UPN, ha reclamado para los docentes de la red concertada unas condiciones «justas» en la actualidad, pues quienes «estuvieron a las duras deben estarlo a las maduras» cuando se van solventando los problemas, y ha dado la «bienvenida» a la «rectificación» realizada por el departamento.

Por EH Bildu, Esther Korres ha priorizado su interés por «la calidad» en ambas redes, pero ha sido tajante al exigir que se determine «qué le corresponde a la patronal y qué al departamento», que en este caso «ha hecho concesiones, y de ninguna manera obligaciones».

Por su parte, Isabel Aramburu, Geroa Bai, ha defendido que con el dinero público «se ha de primar la enseñanza pública» y que con el dinero que se destina a esos convenios con la red concertada «se ha de ser extremadamente exquisitos» y exigir a cambio condiciones.

En la misma línea Tere Saez, Podemos, muy crítica con el reciente acuerdo alcanzado, ha sido firme al entender que los trabajadores de la red concertada «tienen derecho a tener condiciones dignas pero deben pedírselas a su patronal», y también al exigir que el apoyo público a estos centros debe conllevar el cumplimiento de unas condiciones de la patronal para con sus empleados.

Por su parte, Carlos Gimeno, PSN, ha diferenciado que sea el Gobierno el que pague de que tenga que ser el que negocie las condiciones de los profesores de la red concertada, ya que «el pago delegado» es una «garantía» para los trabajadores, y «otra cosa es la negociación de sus condiciones».

Javier García, PPN, se ha mostrado «preocupado» con la postura de Podemos por entender que no defiende las condiciones de los trabajadores privados, y ha exigido al consejero que «cumpla» con los compromisos alcanzados y «pague la deuda» alcanzada con el personal docente y no docente.