Así se ha pronunciado en una comisión parlamentaria a petición del Ejecutivo navarro y de UPN en la que ha señalado que ese «perjuicio» se ha dado por la falta de «interlocución eficaz».

Ha explicado que se recurrió al artículo 63.2 de la ley del Convenio económico que fija pagar la última aportación provisional fijada entre ambas Administraciones en caso de discrepancia, que, en este caso, era de 2012 con una cuantía de 520 millones de euros.

El consejero ha dicho que 2015 era un curso «base del nuevo quinquenio» y se debía haber «negociado la actualización de las relaciones financieras» para el Convenio económico de 2015-2019.

No obstante se produjo un «acuerdo tácito» entre ambas Administraciones de posponer «dicha negociación» hasta que se hubiese «culminado el proceso de modificación del Convenio económico y la resolución de diferentes conflictos» que se arrastraban del quinquenio 2010-2014.

En el primer trimestre de 2016, el Gobierno de Nafarroa instó a los representantes del Gobierno español para el inicio de negociaciones.

Fruto de esa petición, la comisión coordinadora suscribió un acuerdo por el que se creó una subcomisión con la idea de «agilizar las gestiones», que, sin embargo, «no ha llegado a constituirse todavía» pese a los «continuos requerimientos» realizados desde Nafarroa, según ha señalado.

Ha apuntado que en Nafarroa se ha «avanzado» en los estudios previos para determinar «las relaciones financieras» del quinquenio 2015-2019 y cuyas conclusiones se remitieron a «representantes del Estado» en octubre de 2016.

El consejero ha indicado que el cálculo «automático» de la prórroga del sistema provisional, haría que el cómputo a satisfacer de Nafarroa al Estado serían 613 millones de euros.

Para Aranburu, los estudios realizados sitúan «una importante diferencia» en la aportación del año base del quinquenio 2015 respecto a los cálculos de los sistemas provisionales prorrogados, diferencia que ha cifrado entre 90 y 250 millones de euros.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha opinado que se ha producido un «incumplimiento» de la ley del Convenio económica y que ha prevalecido más «la ideología, dinámica y política nacionalista que el interés de Navarra».

Por Geroa Bai, Jokin Castiella ha señalado que «el objetivo es recuperar el equilibrio económico que el Convenio exige y no debería haber perdido».

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha apoyado la decisión «valiente» tomada por el Ejecutivo navarro, que es «una decisión política». Ha añadido que hay «una discrepancia, se trata de modificar una actitud sumisa a otros gobiernos» y que el Estado tiene «la sartén en el mango».

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha apuntado que no entiende «el discurso de UPN que habla de deslealtad» del Gobierno de Nafarroa, y que quien «incumple el acuerdo es el Gobierno central al negarse a crear esa subcomisión».

Por el PSN, Ainhoa Unzu ha considerado «fundamental el diálogo y el acuerdo», al igual que Marisa de Simón, de I-E, quien ha apuntado que «es capital tener un convenio de Navarra con el Estado que sea justo».

Desde el PPN, Ana Beltrán, ha indicado que «con esa actitud frentista solo salen beneficiados los nacionalistas vascos».