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BARCELONA

Los testimonios de la Fiscalía tratan de mostrar que el Govern forzó a abrir los colegios electorales

El segundo día del juicio al 9N ha empezado hoy con la declaración de numerosos testigos citados por el fiscal Emilio Sánchez Ulled, con los que persigue desmontar la defensa desplegada ayer por Mas, Ortega y Rigau, y demostrar que el Govern forzó a los centros educativos a abrir los locales como colegios electorales.

Ortega, Mas y Rigau, en la primera sesión del juicio. (POOL EFE)
Ortega, Mas y Rigau, en la primera sesión del juicio. (POOL EFE)

La testimonio estrella de hoy, la exdirectora del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Dolores Agenjo, ha llegado a la Audiencia de Barcelona acompañada por miembros de la entidad unionista Societat Civil Catalana, con ganas de desmentir las declaraciones de los acusados de ayer, en especial los de la exconsejera de Educación Irene Rigau, que aseguró que no existió coacción ninguna a los centros educativos para que el 9N abriesen sus puertas como colegios electorales.

Agenjo ha asegurado que, cuando le pidieron las llaves, llamó a la Alta Inspección del Ministerio de Educación en Madrid, donde le dijeron que no entregara las llaves sin ninguna orden por escrito, algo en lo que se mantuvo pese a las diversas llamadas que se le hicieron desde la Conselleria de Ensenyament de la Generalitat. De hecho, el instituto del que era directora –ahora está jubilada– no abrió finalmente las puertas el 9N.

La tesis de Agenjo ha sido refrendada por dos inspectores de Educación, los primeros en hablar en la sesión matinal de hoy. Josep Alsina ha asegurado que hubo presiones a los centros educativos para que abriesen, mientras que Jesús Rul ha señalado que «a los inspectores se nos dijo que se abstuviesen de intervenir en lo relacionado con el 9N».

Otros testimonios como la entonces directora de Servicios Territoriales de Educación en Barcelona, Montserrat Llobet, el jefe de inspección de Barcelona, Francesc Güell, y la directora del instituto Pompeu Fabra de Badalona, Josefa Bosch, han desmentido cualquier tipo de coacción, aunque sí han admitido diversos tiras y aflojas entre el departamento y Agenjo.

La mañana ha incluido también la declaración de la exdirectora del Centre d’Iniciatives de Reinserció (CIRE) y ahora senadora del PdeCat, Elisabet Abad. El CIRE fue la empresa pública que recibió el encargo de elaborar las urnas y todo el material necesario para la celebración del 9N, pero Abad ha negado haber recibido ninguna orden de la Administración después del 4 de noviembre, cuando el TC suspendió el proceso participativo.

Una declaración en línea con la de Daniel Martínez, consejero delegado de Focus, la empresa encargada de la logística del centro internacional de prensa instalado el 9N en la Fira de Barcelona.