Puigdemont ha opinado así sobre el juicio el expresidente Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta soberanista del 9N. Lo ha hecho en una intervención ante el pleno del Parlament a petición propia e inesperada, y donde ha dicho que el Estado sufre una deriva recentralizadora acelerada tras la sentencia del Estatut y la recogida de firmas del PP contra la norma.

«La democracia española tiene un problema estructural que la va deteriorando (…) es una democracia que ha enfermado, y viene de lejos», desde la Transición, y hay «poderes que siempre han estado ahí, aunque parecían que se habían apartado o reconvertido».

También ha afeado al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que se haya ofrecido al presidente estadounidense Donald Trump como »interlocutor» en Europa y América Latina, cuando no quiere hablar con la Generalitat sobre un referéndum.

«Si uno se ve capaz de hacer de interlocutor entre Donald Trump, con lo que representa, y América Latina, debería ser aún más capaz de ser interlocutor activo con Catalunya», ha expuesto ante el pleno, durante el cual los diputados de JxSí han colocado una urna de papel en el escaño de Rigau, diputada y juzgada por el 9N.

Según Puigdemont, se juzga Rigau, Ortega y Mas por su «fidelidad» al encargo del Parlament y, en consecuencia, de los ciudadanos; por eso ha considerado que el pleno de este miércoles no podía empezar como si no pasara nada.

Ha acusado a los medios de colaborar «con un muro de desinformación y de verdaderas manipulaciones y mentiras para que los españoles tengan dificultades para contrastar la propaganda».

«Del Yak-42 al Consejo de Estado»

Todo ello conforma una democracia «incompleta y troquelada», a la que «no le importa lo que quieren sus ciudadanos», en la que el Gobierno «puede desobedecer cínicamente sentencias de tribunales y del Constitucional sin el más leve requerimiento de nadie» y en la que «se sienta a Mas por poner urnas pero se recoloca al ministro responsable del Yak-42 en el Consejo de Estado. En la que se elaboran informes falsos y nadie sale sin una triste multa; se revela la conspiración del ministro de Interior y todo queda archivado; o se informa de cuentas en el extranjero de responsables policiales y ninguna unidad policial irrumpe en casa de nadie habiendo avisado a los medios antes».

Yambién ha criticado que en esa «enferma» democracia española «se pueda subvencionar a la Fundación Francisco Franco y homenajear a la División Azul, mientras se acusa de nazi al presidente de la Generalitat por poner las urnas».

Dicen que todo esto es legal y, por tanto, democrático, y el 9N, como no era legal, no era democrático». Con este criterio, luchar por la objeción de conciencia o por los derechos de los homosexuales a adoptar sería «antidemocrático», u oponerse a un desahucio sería considerado «presión a la justicia».