«Debajo de la actuación de voluntarios había enmascarada una actuación continua de funcionarios». El fiscal del juicio al 9N, Emilio Sánchez Ulled, ha mantenido en su alegato final que el expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau desobedecieron la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, por lo que, tal y como anunció ayer, mantuvo las petición de 10 años de inhabilitación para el primero y de nueve años para el resto.

Sánchez Ulled ha desarrollado una dura intervención en la que ha asegurado que la actuación del Govern «se mantuvo en un clima de opacidad», algo «absolutamente contrario a un principio fundamental como el de la transparencia». «Sabían que se debía parar, por eso insisten en que se paró, lo sabían perfectamente», ha añadido.

«No se está juzgando la democracia, es que tengo que insistir, se está juzgando si hubo o no un desacato, una desobediencia de un mandato constitucional de suspensión cautelar», ha explicado Sánchez Ulled, cuya respuesta es que sí, que Mas, Ortega y Rigau desobedecieron: «Quiero manifestarlo con dolor y tristeza, hubo una ruptura de las reglas del juego democrático y de la convivencia».

El fiscal también ha criticado la «presión mediática» sobre el juicio, y ha asegurado que no está «disfrutando con esto» y que le «duele» porque se trata del president de la Generalitat, que es «el de todos».

«Podían haberlo evitado»

Tras la intervención de Sánchez Ulled ha llegado el turno de la acusación popular –formada por el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía, la Asociación Arca Ibérica y un particular–, que ha pedido inhabilitar diez años a Mas, Ortega y Rigau, al entender que se «concertaron» para desobedecer al Tribunal Constitucional (TC). Ayer retiró la acusación de malversación, rechazada ya por el juez de instrucción.

Durante la lectura de informes en la última sesión del juicio, el abogado Antonio Alberca ha asegurado que la resolución del TC para suspender cautelarmente la consulta era absolutamente clara y con lenguaje sencillo: «No hay lugar a ninguna confusión. Podían haberlo evitado dando las órdenes oportunas y no quisieron».

A su entender, los tres dirigentes políticos «quedaron ocultos detrás de una supuesta organización de voluntarios» pero en realidad habían tomado resoluciones, o dejado de tomarlas, para que todo estuviera a punto el 9N.

El TC no ordenaba impedir la consulta

El abogado de Artur Mas ha alegado que su defendido «no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios, no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición».

El letrado Xavier Melero ha indicado que la providencia del Constitucional «no imponía un deber positivo de impedir» la consulta soberanista, por lo que la Generalitat se limitó a hacerse a un lado y dejar la organización en manos de los voluntarios.

Cambio de planteamiento

El abogado de la exconsellera Joana Ortega, Rafael Entrena, ha mantenido que el Govern diseñó la consulta pero «la ejecutaron los voluntarios de manera ejemplar».

El letrado ha defendido que, tras el pronunciamiento del TC, el Govern «cambió el planteamiento» y, en lugar de la consulta prevista, se llevó a cabo lo que se denominó «proceso participativo. Simplemente querían que la ciudadanía de Catalunya se pudiera manifestar políticamente».

«Fue un error impulsar una querella contra un proceso democrático y político», ha insistido Entrena.