«Queremos contar con todas las posibles opiniones de cara a elaborar una guía de compra responsable para todas las administraciones» y que pueda aplicarse a la normativa vigente, aunque el objetivo es que vaya en línea con el espíritu del anteproyecto de ley navarra de contratos públicos que el Gobierno espera que sea proyecto ya para esta primavera, ha dicho Mikel Aranburu.

Y ha precisado en declaraciones a los periodistas antes de la reunión que esta guía o estrategia debe atender a cláusulas sociales, de género, medioambientales, laborales y de innovación.

Según ha añadido, la contratación púbica tiene una importante incidencia en la sociedad y de ahí que deba ser «una herramienta a utilizar como estrategia de las políticas públicas».

El Gobierno quiere disponer de una amplia relación de cláusulas para introducir en los pliegos de contratación de manera que sirva tanto para suministros, como para obras y prestación de servicios, y también para los diferentes departamentos del Gobierno y el conjunto de las entidades locales.

El calendario marcado inicialmente apunta que el Ejecutivo pretende que la estrategia o guía esté lista antes de finalizar el año y se haya elaborado adaptada a las directrices europeas sobre contratos y concesiones.

Para ello se crearán cinco grupos para que cada uno centre su trabajo en una de las categorías mencionadas (cláusulas sociales, de género, medioambientales, laborales y de innovación), de manera que las cláusulas de género, sociales y medioambientales pueden estar ultimadas para el mes de junio y el resto antes de terminar 2017.

Mikel Aranburu ha destaco que la contratación pública tiene importante alcance y potencial a la hora de generar cambios en el entorno y de ahí que el Gobierno esté decidido a hacer una utilización estratégica de ella para aumentar su impacto social.

El Ejecutivo sin embargo es consciente de que las dificultades que las entidades sometidas a la ley navarra de contratos tendrán para aplicar estos criterios y de ahí que se haya decidido trabajar con todos los agentes afectados con el objetivo de que el resultado sea eficaz.

Para ello, Aranburu ha apostado por conseguir el mayor consenso posible en la estrategia a elaborar y en la que intervendrán divididos en esos cinco grupos la Junta de Contratación, las direcciones generales de Industria y Trabajo, el Servicio Navarro de Empleo, la dirección de Consumo y Arbitraje, los grupos parlamentarios, la FNMC, la UPNA, ELA, LAB, UGT, CCOO, Confederación de Empresarios, Centros de Inserción Social y Centros Especiales de Empleo.