En marzo del año pasado López colgó una imagen durante la detención en Eibar de Naroa Ariznabarreta por no acudir a la vista en la que se la juzgaba por un corte en la AP-8 en protesta por la ilegalización de Segi en 2007.

En virtud de la llamada Ley Mordaza la Delegación del Gobierno español le impuso una multa de 601 euros por publicar la imagen «sin autorización» y argumentaba que en ella era «posible la identificación de los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar su identificación pública».

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) acudió a la defensora del pueblo para pedir su intervención en este asunto. Soledad Becerril «sugirió» entonces que se anulara la multa, al entender que las sanciones deben responder al «principio de proporcionalidad» y mostrar «una motivación suficiente», algo que a su juicio no ocurría en este caso.

La Delegación del Gobierno, entonces dirigida por Carlos Urquijo, comunicó el pasado noviembre a Becerril que no aceptaba su sugerencia.