La información es escasa y confusa al no haber un decreto que avale el cambio formalmente, aunque lo cierto es que, por sorpresa, los contratos por trabajo, obra o servicio del Personal Investigador en Formación (PIF) de la UPV-EHU y la UPNA se están sustituyendo por contratos en prácticas. La indignación es grande entre los afectados. En Hego Euskal Herria son alrededor de 500 personas, rondando las 10.000 en el Estado español.

Todo parte de la decisión de la Seguridad Social de cambiar, sin informar y con efecto retroactivo, los contratos de los licenciados que están haciendo la tesis y trabajan para la universidad firmados desde 2014 y sujetos a fondos del Gobierno español.

En 2011, la Ley de Ciencia definió una nueva figura de contratación para el personal que recibía ayudas para la realización de la tesis: el contrato predoctoral. Si bien parecía que iba a aliviar la situación precaria del PIF, nunca se desarrolló. En su lugar, se ha empleado el contrato de trabajo, obra o servicio determinado, regulado por el Estatuto de los Trabajadores.

La transformación del contrato tiene consecuencias graves, ya que los contratos en prácticas solo pueden extenderse durante dos años, cuando las ayudas para la realización de la tesis son de cuatro años. A quienes se les ha formalizado un contrato de estas características no pueden rubricar luego otro cuando entren en el mercado laboral.

Pérdidas de derechos

Además, los investigadores en formación pierden el derecho a percibir una indemnización a la finalización del contrato, justo cuando las sentencias europeas han ordenado que el personal temporal debe percibir indemnizaciones iguales a las del fijo. También se encuentran con problemas para conseguir la tarjeta sanitaria europea, imprescindible para efectuar estancias de investigación.

Los sindicatos inciden en que el PIF siempre ha sido un colectivo desprotegido, con diferentes sueldos según la convocatoria, cambios cada año y escasas oportunidades de desarrollar su carrera en las universidades. «La causa de todo esto es la falta de desarrollo de la figura del contrato predoctoral definida en la Ley de Ciencia», apunta LAB, que considera que estas transformaciones de contrato no tienen base legal.

La central pide que las universidades vascas aclaren cómo están actuando, informando tanto a afectados como a sindicatos. Apuestan por el desarrollo de una figura contractual para este colectivo en condiciones dignas.

Desde el Ministerio español de Empleo se defienden asegurando que el cambio responde a la petición de los rectores, «con problemas para beneficiarse de las bonificaciones». La solución del Gobierno del PP es cambiar los contratos para que las universidades obtengan las bonificaciones demandadas. Los rectores abogan por establecer una regulación laboral específica para el Personal Investigador en Formación, ya que estiman que cualquier encaje en el actual ordenamiento laboral produce «disfunciones importantes».