El pasado 30 de enero los gobiernos de Iruñea y Madrid acordaron finiquitar el convenio firmado en su día por los ejecutivos de Miguel Sanz y José Luis Rodríguez Zapatero para acelerar las obras del TAV. La palabra «convenio» en realidad encubría un apaño por el que Nafarroa asumía el adelanto de todo el coste de las obras (cargando con los intereses correspondientes de modo exclusivo). En el momento de esta cancelación, el Gobierno de Rajoy todavía debe devolver al de Barkos 45 millones de euros, algo que asume sin problemas el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Ajeno a todo ello y a la evidente responsabilidad de su partido, el portavoz de UPN en el Parlamento navarro, Javier Esparza, cargó ayer en el Pleno contra las dos administraciones.

A Madrid le espetó que «queremos que el Estado haga una apuesta por esta comunidad y asuma la realización de las obras», algo radicalmente diferente a la posición que adoptó Miguel Sanz ante el entonces ministro de Obras Públicas, José Blanco, en la firma del convenio en 2010. Y al Ejecutivo navarro, por su parte, le indicó que «Navarra merece el mismo tratamiento que el resto de españoles y que el respeto de capitales vascas. Si algo es bueno para la CAV, también lo es para Navarra», dijo en alusión a los acuerdos entre Madrid, Lakua y las capitales para la llegada del TAV.

Frente a ello, el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno navarro e interlocutor de De la Serna en Madrid, Manu Ayerdi, replicó a UPN que no hay comparación posible: «En la CAV estas infraestructuras tienen muchos más años de historia, de trabajo y de avance, y se encuentran en el Corredor Atlántico, uno de los top ten de Europa y absolutamente prioritarios». El llamado «corredor navarro», por contra, se sitúa al margen de los grandes ejes.

«A nuestro ritmo»

En consecuencia, Ayerdi afirmó que cada comunidad autónoma tiene «su ritmo de trabajo» y «su momento». De hecho, la ralentización general de la alta velocidad en el Estado español por la reducción de presupuestos públicos desde 2010 ha sido la que ha salvado a Nafarroa del estrangulamiento económico que pudo provocarle el convenio Sanz-Blanco.

En él, el entonces presidente navarro se comprometió a que las arcas del herrialde adelantaran cinco veces más de lo que se ha terminado ejecutando hasta el momento: 81 millones respecto a los 387 previstos.