Fue una patrulla breve y sin incidentes a bordo del único bote operativo de la guardia costera en puerto. Apenas son 11 millas náuticas entre Zuwara –una ciudad costera cercana a la frontera tunecina– y la refinería de petróleo y gas de Mellitah. Es el enorme muelle del complejo el que marca las lindes entre Zuwara y la ciudad vecina de Sabrata.

«No podemos ir más al este porque son aguas jurisdiccionales de Sabrata», apunta uno de los dos marineros a bordo. «En Libia, cada uno controla sus aguas sin inmiscuirse en las de los vecinos, ¿sabe usted?», añade, sobre el estertor del motor fueraborda al ralentí.

Seis años después del levantamiento que puso fin al mandato de cuatro décadas de Moamar Gadafi, tres gobiernos pugnan por el poder en Libia: uno en el este y dos en el oeste, y solo uno de ellos está respaldado por la ONU. Sobre el terreno, cada ciudad tiene su propio consejo local, sus propias fuerzas armadas y, en el caso de las localidades costeras, sus propios guardacostas.

«No tenemos recursos», explica a GARA Reda Issa, el comandante en jefe de la Armada Libia, desde un barracón en el puerto de Misrata. Es una declaración convertida ya en una letanía que retumba en cada dependencia de una Administración, la libia, que prácticamente sólo existe sobre el papel.

Desde su espartano despacho, Issa muestra orgulloso recuerdos de operaciones conjuntas por todo el Mediterráneo y parte del mar Negro: desde la Guardia Costera italiana hasta la búlgara, pasando por la Guardia Civil. Con una voz cascada por millones de cigarrillos, lamenta que gran parte de la flota fuera destruida durante la guerra de 2011. Según dice, hoy son tres buques medianos y tres RIB (acrónimo inglés para Bote Rígido Inflable) los responsables de patrullar las aguas que bañan los más de 600 kilómetros entre Zuwara y Sirte. La flota es tan exigua que hasta hubo que montar una batería antiaérea sobre un práctico de puerto durante la ofensiva que expulsó al Estado Islámico (ISIS) de su bastión en Sirte a finales del pasado año.

Preguntado por el carácter marcadamente territorial de la flota libia, Issa reconoce que la colaboración entre ciudades costeras «podría ser mejor», pero dice mirar hacia el futuro con optimismo, principalmente gracias a un programa de formación en curso que respalda y financia la UE.

Operación Sophia

A finales de octubre de 2016, 89 cadetes y oficiales libios constituyeron la primera remesa en recibir entrenamiento en el marco de la Operación Sophia, la misión naval conjunta de la UE para combatir el tráfico de seres humanos y armas en el Mediterráneo central. Activada en la primavera de 2015 como un programa de 12 meses y 11,82 millones de euros, el mandato de Sophia se prorrogó en junio de 2016 hasta el 27 de julio de este año. La formación de los guardacostas y la colaboración para el mantenimiento del embargo de armas de la ONU en Libia eran las dos novedades de la misión.

Se trata de un proyecto tan ambicioso como controvertido. Un informe encargado por la Cámara Alta británica y publicado en mayo de 2016 aseguraba que la misión «ni contribuía a detener el flujo de migrantes, ni a desmantelar redes de traficantes, ni a acabar con el lucrativo negocio del tráfico de personas en el Mediterráneo central». Las conclusiones quedaban resumidas ya en el título del documento: «Un desafío imposible».

Y es que el entrenamiento de los guardacostas libios uno de los puntos más espinosos, máxime tras los numerosos incidentes entre la flota libia y algunas de las ONG que participan en misiones de búsqueda y rescate en la zona. La alemana Sea Watch incluso llegó a pedir a la UE que «reconsiderara» su proyecto de formación de los guardamarinas tras un dramático incidente en octubre de 2016. Según la ONG, una patrulla libia interceptó entonces una patera y golpeó con palos a sus ocupantes mientras impedía el rescate por parte de la ONG. Se calcula que más de 30 individuos perdieron la vida durante aquel incidente. Por su parte, las autoridades libias se desmarcan de dicha versión a la vez que acusan a las ONG de «violar las aguas territoriales libias».

«Entendemos el objetivo humanitario de estas organizaciones, pero les pedimos que respeten el derecho internacional. Si quieren comunicarse con nosotros, todas las líneas están abiertas», trasladaba a GARA Ayub Qasim, portavoz de la Armada Libia, desde su escritorio en el centro de Trípoli. Una vez atajado el problema que suponía el flujo migratorio y el contrabando, decía Qasim, se podía colaborar con la UE en otros asuntos importantes como el medio ambiente o la pesca ilegal.

Por el momento, las prioridades son otras. En julio de 2016 y a bordo del Astral, un buque de rescate utilizado por la ONG española Proactiva Open Arms, GARA fue testigo del momento en el que un grupo de hombres fuertemente armados subieron a bordo. Ninguno vestía el uniforme distintivo de la Marina Libia.

En diciembre, un hombre que aseguraba haber pertenecido a las fuerzas de seguridad de Zawiya desveló a GARA, bajo condición de anonimato por temor a represalias, una trama que apuntaba a una supuesta colaboración entre guardacostas y traficantes en dicha localidad. Un personaje clave en el testimonio recogido era un individuo al que se conoce como Al-Qasseb, miembro del clan dominante en Zawiya. Al-Qasseb es jefe de seguridad de la refinería de Zawiya, pero también controlaría el tráfico de combustible a Túnez y Malta así como el de los migrantes. Un oficial que responde al sobrenombre de Al-Bija, el jefe de los guarda- costas de Zawiya, gestionaría el negocio del tráfico de personas junto con Al Qasseb.

«Hay más mafias aparte de la suya, pero ninguna puede lanzar sus botes al mar sin haber pagado antes a Al-Bija. Éste se lleva a tierra a aquellas balsas que intentan romper el cerco sin previo abono de la tasa, y los retiene hasta que pagan una cantidad fija de 200 dólares para ser liberados», aclaraba.

Según el informante, el incidente entre la guardia costera de Zawiya y Sea Watch se habría producido tras interceptar los hombres de Al-Bija una de esas pateras.

Se trata de un testimonio que GARA no pudo corroborar de forma independiente, pero que coincide con el último informe de la Misión de las Naciones Unidas para Libia sobre el fenómeno migratorio en el país. El alto organismo asegura tener «pruebas concluyentes» de que miembros de las instituciones del Estado y algunos funcionarios locales participan en el contrabando y el tráfico de personas.

«Siempre ha sido así»

Operación Sophia cuenta con un precedente ya en 2013, cuando la Misión para la Asistencia de Fronteras de la UE (Eubam) activó un proyecto que también incluía el entrenamiento de los guardacostas libios. En conversación telefónica con GARA, Antti Hartikainen, director general de las fronteras finlandesas y máximo responsable entonces de la misión de Eubam en Libia admitió que la falta de un mando central en la Marina libia era un problema ya entonces. «Siempre ha sido así; más que de una flota coordinada hablamos de unidades que actúan de forma independiente», aseguraba el oficial.

Hartikainen no descartaba que individuos vinculados al tráfico de personas pudieran estar participando en el programa de Sophia. «En 2013, los sueldos aún llegaban a los bolsillos de los libios por lo que no era algo que nos preocupara. Pero la situación económica se ha deteriorado muchísimo durante los tres últimos años. El Gobierno no es capaz de garantizar los sueldos, y ni siquiera quiénes forman exactamente sus Fuerzas de Seguridad; nadie sabe quién es quién, con lo que las posibilidades de que miembros de los guardacostas libios estén hoy involucrados en dichos negocios son mayores», apuntaba el finlandés.

En los numerosos informes publicados en la página web de Operación Sophia no existe mención alguna al relevante factor que supone la falta de un mando central en la flota libia, ni tampoco al riesgo de infiltración en el programa de formación por parte de los traficantes. No obstante, GARA tuvo acceso a un documento interno filtrado que recogía la memoria de la Operación Sophia entre los meses de enero y octubre de 2016. Ya en la introducción se subraya la efectividad del tratado que la UE firmó con Turquía, en abril de 2016, para contener la marea migratoria en el Mediterráneo Oriental. Asimismo, el documento asegura que la presencia de los buques de rescate de las ONG en el Mediterráneo contribuye a un «efecto llamada» para migrantes y refugiados. No es el caso de Sophia, se explicita, ya que la misión de la UE «solo» había rescatado a un 13% del total.

El informe tampoco recoge «evidencia alguna» de que organizaciones «terroristas» estén intentando infiltrarse entre el flujo de migrantes y refugiados hacia Europa, pero sí de que mafias dedicadas al contrabando y al tráfico de personas estén sobornando a autoridades y milicias en Libia.

El cúmulo de contradicciones no parece obstaculizar el desarrollo de la misión. El pasado 3 de febrero, Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entregaba en Malta los primeros 89 diplomas a los cadetes libios durante un acto que tachó de «momento histórico en las relaciones entre Libia y la UE». También se escenificó la aprobación de una partida de 200 millones de euros adicionales «para ampliar el entrenamiento europeo a los guardacostas libios, proporcionarles medios de vigilancia y financiar retornos voluntarios de migrantes que deseen volver a sus países de origen».

A pesar de reiteradas peticiones realizadas desde GARA durante los últimos dos meses, Operación Sophia ha declinado hacer comentarios.

Este reportaje recoge parte del trabajo desarrollado gracias a la primera edición de la Beca Photographic Social Vision al fotoperiodismo de investigación.