La consejera respondía así a la pregunta formulada por el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, sobre la sentencia dictada el pasado 21 de febrero por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Iruñea, que revoca los acuerdos de 22 de febrero de 2016 sobre reestructuración de la oferta de plazas, según modelos lingüísticos, de las escuelas infantiles municipales para el curso el curso 2016/2017.

Dicha resolución recogía que los acuerdos «son nulos de pleno derecho» porque el Ayuntamiento «los habría adoptado ignorando la competencia que correspondería al Departamento de Educación y al propio Gobierno de Navarra» en materia de planificación de la oferta pública de plazas de primer ciclo de educación infantil y lo que se establece en relación a la planificación de la enseñanza del euskara en el ámbito educativo.

De esta forma, Beaumont ha indicado que la sentencia «confunde unidades con plazas y entiende erróneamente que se está ante la implantación de un modelo, cuando ello no es así». Además, ha asegurado que los acuerdos adoptados no implican la implantación de programas y normas, como «al parecer entiende» la resolución.

La consejera ha añadido que el argumento del modelo lingüístico «no es de aplicación» en el primer ciclo de educación infantil porque «no existe como tal», y ha remarcado que, según la autonomía de gestión de los centros, se «excluye cualquier intervención» del departamento de Educación «que no sea la de inspección».

Cuestionada sobre si el Gobierno considera que le correspondería otorgar una autorización previa para que el Ayuntamiento pudiera aprobar los cambios que aprobó para 2016-2071, ha recordado que el decreto foral que regula el primer ciclo de educación infantil «no establece la necesidad de autorización previa alguna, sino que, en lo que respecta a centros públicos, regula su creación».

Como respuesta, Araiz ha señalado que la valoración jurídica que califica los actos del Ayuntamiento de Iruñea como nulos de pleno derecho «no es correcta» y ha reafirmado que el Consistorio «tenía y tiene competencias plenas para llevar adelante la reforma que realizó», así como «plena autonomía y capacidad» para adoptar los acuerdos alcanzados.

Araiz, que ha apoyado la decisión del Ayuntamiento de recurrir esta sentencia, ha criticado los intentos de «condicionar el cambio político mediante la judicialización» y el atrincheramiento «bajo resoluciones judiciales» de ciertos grupos.

«Detrás de ese interés legítimo de los padres y madres, lo que sigue habiendo es un impulso político para ir contra el euskera y la demanda de este tipo de enseñanza», ha lamentado.