Cuando conozcan la posición del Gobierno estatal, la trasladarán al Parlamento para determinar cómo actuar en cada caso, ha puntualizado.

En la reciente reunión que la consejera mantuvo con el secretario de Estado, desde la parte navarra, se apuntaron algunas leyes y artículos recurridos en las que se veía «más fácil poder llegar a un acuerdo, y ahora están a la espera de recibir un escrito con la posición del Estado», según ha indicado Beaumont en una comisión parlamentaria en la que ha hablado sobre las transferencias pendientes.

En respuesta a una pregunta planteada por el portavoz de Geroa Bai, la consejera ha explicado que en ese encuentro convinieron en el «objetivo común de desjudicializar siempre que sean posibles todos los asuntos».

En este sentido ha indicado que están, por un lado, los recursos interpuestos, que en algunos casos como la ley de Patrimonio de 2007, datan desde 2008. Unos recursos que en ocasiones conlleva la suspensión en parte o en totalidad de la norma.

En el caso de la ley de Vivienda ha comentado que en la reunión se puso de manifiesto que ha habido leyes prácticamente iguales dictadas por otras comunidades autónomas que no han sido recurridas.

Al respecto, según ha indicado consejera, se dejó entrever la existencia de diferencias entre las mayorías políticas que han impulsado las normas en unos u otros casos.

Por otra parte ha señalado que hay otro bloque, que es el de los requerimientos de la Administración del Estado sobre leyes más recientes, donde juega un papel importante la Junta de Cooperación, que puede llegar a evitar «dos o tres o cuatro recursos de inconstitucionalidad».