En la citada ley se establece que el gasto de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB, marcado en el 2,2% para este año, sin tener en cuenta la situación financiera de cada Ayuntamiento. Eso se traduce, por ejemplo, en que «se ha obstaculizado que los gobiernos locales puedan reforzar sus plantillas con el personal necesario para combatir las crecientes desigualdades, para luchar contra la emergencia habitacional, para modernizarse, etc. Y se les ha forzado a generar superávits millonarios que se destinan a pagar a los bancos mientras la precarización y las desigualdades se disparan», tal y como recoge el documento final de la jornada.

El texto aprobado, que será presentado en cada uno de los Plenos de los ayuntamientos participantes como declaraciones, también recoge que los consistorios informarán «a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de los medios a su alcance» y que lo notificarán a Gobierno de Nafarroa, al Parlamento de Nafarroa, al Ministerio español de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

En la jornada han participado el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron; la concejala de Economía Local Sostenible, Patricia Perales; el primer teniente de alcalde de Tutera, José Ángel Andrés; la alcaldesa de Barañain, Oihane Indakoetxea; el alcalde de Burlata, José María Noval; el alcalde de Egues, Alfonso Etxeberría; el alcalde de Lizarra, Koldo Leoz; el alcalde de Zizur Nagusia, Jon Gondán; el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena; el alcalde de Antsoain, Ander Oroz; el alcalde de Atarrabia, Mikel Oteiza; el alcalde de Zangoza, Ángel Navallas; y el alcalde de Olite, Andoni Lacarra.

«Ataque frontal a las entidades locales»
Al finalizar la reunión se ha celebrado una rueda de prensa en la que se ha explicado el contenido del documento elaborado que señala que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad o equilibrio presupuestario, sostenibilidad financiera o límite de deuda  y regla de gasto.

La ley, entre otras cuestiones, señala que las entidades locales de Nafarroa deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario y que dicho superávit se destinará a reducir el nivel de endeudamiento. Posteriormente, se modificó esta disposición para permitir a los Ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos y destinaran una parte del superávit a inversiones financieramente sostenibles. Unas inversiones  que en ningún caso dan salida a las necesidades de los municipios y al de la ciudadanía en su conjunto.

Los firmantes del documento están de acuerdo en que «la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y las limitaciones que supone su desarrollo son un ataque frontal a las Entidades Locales, sus competencias y su propia existencia, provocando un golpe durísimo al municipalismo. Esta ley tiene un marcado carácter recentralizador, mermando y limitando en gran medida el funcionamiento de las distintas administraciones al servicio de la ciudadanía, quedando muchos ayuntamientos prácticamente intervenidos, y sin capacidad para atender las necesidades ciudadanas más urgentes».

Autonomía local para reducir el desempleo y asegurar la cohesión social
Por ello entienden que «ante las políticas de recentralización y de los recortes sistemáticos derivados de politicas de austeridad extrema, es necesario que se dote de mayor autonomía y potestad normativa a los ayuntamientos, y que no se les obligue a acumular superávits millonarios en la caja o a destinarlos a amortizar deuda. Porque las Entidades Locales necesitan esos recursos para asegurar la cohesión social, para apuntalar el tejido productivo local, generar actividad económica que reduzca el desempleo y para ayudar a quienes peor lo están pasando».

En este contexto, «los Municipios de Navarra debemos seguir trabajando en la defensa de la autonomía que les corresponde por voluntad popular y por Ley. La reivindicación y el desarrollo de las competencias que tiene la Comunidad Foral de Navarra para la administración y organización de sus propias instituciones, son la mejor muestra de ello. No es aceptable que la Ley de Estabilidad Presupuestaria usurpe esta potestad y someta a las entidades locales navarra a criterios económicos y presupuestarios que obstaculizan su buen funcionamiento y capacidad de inversión. Por tanto, con la aprobación y desarrollo de esta Ley, a las Entidades Locales de Navarra se les niega la capacidad e iniciativa que les corresponde como institución. Y por supuesto, también a las entidades e instituciones del resto del Estado. Y esto no se debería aceptar. Más allá de partidos e ideologías, se trata de defender la potestad económica y financiera de nuestras instituciones. Entendemos que tiene que buscarse una posición común, compartida por todas las instituciones, para evitar que esta ley pueda seguir aplicándose y castigando a la ciudadania de nuestros municipios».

No poder gastar de acuerdo a lo que se ingresa
El Ayuntamiento de Iruñea ha impulsado esta jornada tras comprobar que, por ejemplo, la capital tenía capacidad en 2016 para haber presupuestado mayores ingresos, como ha sucedido finalmente, con lo que podría haber aumentado la capacidad de gasto y con ello la posibilidad de financiar más inversiones respetando el principio de equilibrio financiero.

Sin embargo, la aplicación del techo de gasto derivada de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impide aumentar esos gastos, no deja gastar lo que las administraciones locales ingresan. Iruñea contaba a finales de 2016 con 64 millones de euros de remanentes.