«Etxerat deposita toda su confianza en la sociedad vasca al objeto de avanzar y abrir nuevos escenarios hacia la paz. Pedimos implicación y compromiso a las fuerzas políticas, sindicales y sociales que representan a la sociedad vasca, cada una en su ámbito, en relación con el Acuerdo Social que hemos puesto recientemente en marcha y que busca confluir en el fin del alejamiento y de la situación de los presos gravemente enfermos». Así lo han manifestado Urtzi Errazkin y Patricia Vélez en nombre de Etxerat durante la rueda de prensa que han ofrecido al comienzo de la asamblea.

Según han recordado, el año transcurrido desde la última cita nacional en Gasteiz «vuelve a ponernos frente al espejo a los familiares y allegados de los presos políticos vascos, como objetivo que somos de la cruel política penitenciaria de excepción». En este sentido, han constatado que las consecuencias físicas, síquicas y económicas «son devastadoras y siguen multiplicando su carga con el paso del tiempo».

«Se acaba ya el tiempo para los presos con enfermedades graves e incurables –han advertido–. La última instrucción 1-3/2017 pone blanco sobre negro que la razón de estado en España es sinónimo, no sólo de condena a muerte para ellos, sino de la agudización de su sufrimiento y el de sus familiares hasta el último momento».

Frente a ello, Etxerat propone activar, «más pronto que tarde, todo tipo de medidas a nivel de acuerdo político e institucional que den cauce a la sensibilización social que sobre esta vulneración de derechos aumenta cada día».

También han constatado que el alejamiento de los presos supone la conculcación de derechos en lo que se refiere al mantenimiento del vínculo familiar. «Lo ha afirmado la controladora general de Prisiones francesa en su informe anual. Lo comparte asimismo un grupo en el Parlamento Europeo y tres jueces del Tribunal Constitucional español, y sobre todo –han añadido–, es la sociedad vasca la que quiere que el alejamiento sea pasado. El Acuerdo Social debe servir de freno a la situación desquiciante de vulneraciones de derechos, venganza y sufrimiento a la que nos condenan los gobiernos».

A este respecto, Urtzi Errazkin y Patricia Vélez han señalado que la respuesta de los dos gobiernos a la voluntad manifestada por parte de ETA de entregar las armas y al hecho de que sea la sociedad civil la que, finalmente, haya aceptado dar los pasos que los estados se niegan a dar, es «toda una declaración de principios».

«No habrá contrapartidas, han dicho, cuando de lo que se trata es de respetar derechos humanos. Confundir derechos con recompensas es un error demasiado grave cuando lo cometen los gobiernos que deben garantizarlos», han agregado los representantes de Etxerat. Por último, han expresado su deseo de que la asamblea nacional de hoy sea «un punto de inflexión» de cara a la aportación de Etxerat a la normalización social y política.