Sin sorpresa de por medio, el Tribunal Constitucional ha suspendido por la vía rápida las partidas de los presupuestos catalanes destinadas a la organización de un referéndum vinculante sobre la independencia. La suspensión es cautelar, y permanecerá en vigor durante los seis meses siguientes, en los que el Tribunal deberá decidir sobre la querella presentada por el Gobierno español.

En la denuncia presentada, el Gobierno español pidió además al TC que advirtiese al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consejeros sobre el riesgo de ser procesados por la vía penal si insisten en impulsar el referéndum pese a las prohibiciones judiciales.

Está por ver si el Govern decide desobedecer el veto del Constitucional y mantener las partidas o, si por el contrario, deja sin validez esas partidas y utiliza otro dinero para la convocatoria de un referéndum que tanto el ejecutivo como los grupos políticos que aprobaron los presupuestos (Junts pel Sí y la CUP) han insistido en que celebrarán por encima de las prohibiciones del Estado.

De hecho, la CUP ha empezado hoy una campaña para presionar a JxSí y al Govern para acordar ya la fecha y la pregunta del referéndum. Algo a lo que el ejecutivo se resiste de momento, alegando que hay que agotar todas las posibilidades de plantear un referéndum pactado para no espantar al entorno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los comunes.

En el marco de esa campaña, la CUP reparte desde esta esta mañana 250.000 papeletas de voto con su propuesta de pregunta –«¿Quiere que Catalunya sea una República independiente?»– y dos posibles respuestas: Sí o No.