Las asociaciones de consumidores estudian reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado para que los afectados por las cláusulas suelo abusivas puedan recuperar las cantidades abonadas de más después de que el Tribunal Supremo español haya rechazado revisar las sentencias dictadas en firme anteriores a las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ordenó la devolución con total retroactividad de las cantidades cobradas de más.

En declaraciones a la agencia Efe, la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, explicó que analizarán la posibilidad de que el Estado responda por el perjuicio, un procedimiento que prevé «largo y complicado» pero que aparece ahora como la «única vía» para restituir todo el dinero. Comentó que, aunque sabían que la revisión de sentencias firmes era un procedimiento «prácticamente inviable», confiaban en que el TS abriese una vía jurídica a todos los «pioneros» que demandaron a las entidades con quienes habían suscrito una hipoteca de tales características.

El auto dictado por el Pleno de la Sala de lo Civil ha puesto fin a esta esperanza al mantener que «no es posible» obtener la revisión de una sentencia por el hecho de que se haya establecido una jurisprudencia incompatible con posterioridad.

El escrito expone que el ordenamiento jurídico español preserva la firmeza de los veredictos frente a posteriores cambios en la doctrina, ya sea del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Además, incide en que el veredicto del TJUE, que en diciembre reconoció la plena retroactividad y obligó a la banca a devolver el dinero cobrado de forma indebida, no señaló que el límite temporal impuesto por el Supremo fuese contrario al ordenamiento comunitario o vulnerase derecho alguno.

Desde Adicae matizaron que el auto conocido ayer únicamente afecta a las sentencias dictadas con anterioridad a la resolución europea y que fueron declaradas firmes con conformidad de las partes, aunque solo hubieran recibido devolución desde mayo de 2013.

Un supuesto que «alcanzará a una minoría», según indicó esta asociación, que advirtió de que «los intentos de la banca por limitar los efectos de la sentencia europea y retrasar la justa devolución de las cláusulas suelo» al resto de afectados no podrán apoyarse en esta última decisión del Supremo.

Negativas constantes

Por su parte, la Unión de Consumidores de Euskadi-CAUCE ha subrayado esta semana que el sistema extrajudicial pactado por el Gobierno del PP con los bancos para reclamar las cláusulas suelo no ha dado resultado hasta la fecha. «Ya advertimos en su día de que, lo que podría ser un sistema ágil y eficaz para resolver esta controversia y evitar el colapso de los juzgados, se había convertido en una coraza que, fundamentalmente, protege a las entidades financieras. Y el tiempo nos está dando la razón», apostilló en una nota.

Dos meses después de que entrara en vigor el nuevo mecanismo, esta asociación no ha obtenido «ni una sola respuesta positiva a las reclamaciones presentadas, bien porque algunas entidades niegan la posibilidad de que los usuarios usen este sistema, sin explicar en ningún momento las razones de dicha negativa, bien porque tratan de dilatar aún más los plazos para alcanzar una resolución». Y se extraña de que determinados bancos obliguen a usar sus propios formularios cuando, en algunos casos, ni tan siquiera existían cuando se interpusieron las primeras denuncias.

Por ello, hizo un llamamiento a las entidades financieras «para que traten de resolver este conflicto de buena fe y den respuesta motivada y rápida a las reclamaciones que legítimamente presentan sus clientes, y a las autoridades competentes, para que vigilen muy estrechamente el cumplimiento de la normativa legal en la materia».

Recordó también que los consumidores tienen derecho a que se les devuelva todo el dinero, más los intereses legales, tanto las cantidades de la cláusula suelo como los gastos de la formalización de sus hipotecas.