Urkullu recuerda de inicio que ha mantenido «en todo momento una posición de prudencia y respeto» hacia las decisiones adoptadas por la sociedad y las instituciones de Catalunya. Añade que siempre ha defendido «el diálogo y la negociación política» y que ha apuntado al «modelo escocés» como un referente.

No obstante, tras lo acontencido en las últimas jornadas, Urkullu considera que «el conflicto suscitado ha desbordado algunos límites que requieren un pronunciamiento expreso».

El lehendakari subraya que «ni la imposición, ni la vía judicial y, mucho menos, la vía penal son la solución» ante «un conflicto político con alto arraigo social» que debe ser trasladado «del callejón sin salida a la mesa de diálogo».

A su juicio, la prioridad es «evitar cualquier forma de fractura social o política», y para ello es necesario «articular mecanismos consensuados para que las sociedades y los pueblos puedan expresar su voluntad sobre su futuro».

«El punto de partida –añade–, es el reconocimiento de la existencia de un conflicto entre voluntades sociales mayoritarias que, en cuanto a su proyecto nacional, se manifiestan de formas divergentes en Cataluña, en Euskadi y en el resto del Estado español».

Para ello remarca que «el Gobierno español debería abrir la puerta a una solución negociada», y plantea «un proceso de diálogo político e institucional que permita conciliar democráticamente las aspiraciones mayoritarias de las sociedades española, catalana y vasca».