Así lo ha afirmado a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento navaro, antes de la sesión de control al Gobierno, donde el portavoz ha considerado además que «es el momento» de «superar el marco que estableció la ley del euskera».

«Si queremos garantizar los derechos lingüísticos en toda Navarra y valorar el euskera como se merece, es necesaria la modificación de la ley», ha reivindicado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha subrayado que el dictamen del Consejo «no es vinculante», aunque «se tendrá en cuenta» a la hora de desarrollar el decreto.
«Las opiniones son todas respetables, pero el decreto es absolutamente centrado, pensando en el interés de toda la ciudadanía», ha indicado Martínez, que ha resaltado que no se ha caído «en el extremo de sobrevalorar el conocimiento del euskera ni en minusvalorarlo».

En nombre de Podemos-Ahal Dugu, el parlamentario Mikel Buil ha precisado que la formación morada todavía tiene que estudiar mejor el informe para poder valorarlo en condiciones.
«Entendemos el dictamen, pero venimos de una situación en la que este idioma ha sido minorizado y discriminado», ha aseverado Buil, que ha matizado que la filosofía del decreto era «reequilibrar una situación injusta de partida».

También la parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha apuntado que la formación tendrá que valorar el informe para posicionarse al respecto, mientras que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha destacado que en el dictamen «queda claro que hay artículos que son ilegales».

«Habla claramente de discriminación», ha reivindicado Esparza, que ha solicitado al Ejecutivo navarro que «no termine cometiendo una injusticia total y absoluta con el conjunto de la ciudadanía de esta comunidad». «Pido al Gobierno que rectifique, que analice, que sea responsable y actúe en relación a la realidad sociolingüística de esta comunidad», ha zanjado.

En la misma línea se ha mostrado la portavoz del PSN, María Chivite, que ha precisado que, según el dictamen del Consejo de Nafarroa, los artículos de mayor contenido «no se ajustan a la legalidad». «Veremos las modificaciones que plantea el Gobierno de Navarra», ha apostillado.

También la portavoz del PP, Ana Beltrán, ha manifestado que el informe confirma «que era un decreto totalmente injusto», y ha adelantado que solicitará la comparecencia de la consejera Ollo o realizará una pregunta oral «para que explique la postura del Gobierno, si piensa hacer caso o seguir adelante como en otras ocasiones».