El PSOE repescó a la exministra de Cultura Carmen Calvo para negociar el 155. Todo hace indicar que quienes se sentaban en el otro lado de la mesa, el del PP, eran más hábiles o jugaron más duro. Entre ellos, por cierto, Pedro Arriola, uno de los tres enviados de José María Aznar para negociar con ETA en 1999. Las discrepancias entre los dos grandes partidos afloraron ya el viernes pasado, cuando Calvo dijo en TVE que habían consensuado elecciones en Catalunya en enero y Mariano Rajoy la desautorizó abruptamente desde Bruselas. Un día después, cuando el inquilino de Moncloa detalló las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, uno de los periodistas preguntó si un eventual adelanto electoral de Puigdemont desactivaría el 155, y Rajoy dijo sorprendentemente que eso ya quedaba en manos del Senado. O sea, en las del PP. En el PSOE más de uno empezó a inquietarse; no era eso lo pactado, afirman.

El PSOE no solo ha entregado en bandeja al PP el 155, y con él la renuncia a una solución dialogada y la luz verde a la venganza, sino que le ha dado un cheque en blanco para gestionarlo. Hay dos sartenes para cocinar ese artículo, y en las dos el mango lo tiene cogido el PP.

Aunque el catálogo de medidas es amplio, el sistema de intervención se resume muy fácil. El Govern –el poder ejecutivo– pasa a ser ejercido por el Gobierno español, es decir por el PP. Y el Parlament –el legislativo– pasa a ser absolutamente controlado por el Senado, es decir, también por el PP con su mayoría absoluta en esa cámara.

Las declaraciones previas en favor de un 155 light fueron superadas por el argumento de que no era efectivo parcelar los ámbitos de intervención. Y los posteriores llamamientos a hacer una ejecución progresiva y «quirúrgica» tampoco están teniendo impacto en el PP, que se sabe con las manos libres.

Una cuestión paralela es la toma de conciencia creciente de que ese régimen colonial va a ser muy difícil de aplicar en la práctica. Lo saben mejor que nadie en el PSC, cuyo líder en Barcelona, Jaume Collboni, ha declarado que «pensar que se puede dirigir esto a golpe de BOE desde Madrid es no tener ni idea qué es Cataluña». Y lo van interiorizando poco a poco quienes en Ferraz saludaron con cierta efusión el logro del acuerdo para asaltar la autonomía. Se lo explicaba ayer desde ‘‘El País’’ Rubén Amón, en un artículo titulado «¿Y si no pudiera ejecutarse el 155?». Recuerda en él, por ejemplo, que solo el 9% de los empleados públicos en Catalunya son estatales y que guardias civiles y policías tienen que dormir en un barco de Piolín.

Dicho de otro modo, el PSOE puede encontrarse con un 155 cuya aplicación no controla y que además puede fracasar... pero cuya factura política paga y pagará a escote con PP y C’s.

El tercer problema es el interno. Bueno, es problema solo para quienes resucitaron contra viento y marea a Pedro Sánchez. Su expectativa de ser alternativa a Rajoy es otra víctima del 155, con la diferencia de que ha sido él mismo quien se ha puesto el cepo. La línea ya no la marca siquiera Susana Díaz, sino que el partido ha retrocedido a las cavernas de los 80 y manda gente como Alfonso Guerra, el primero que exigió renunciar a la reprobación a Soraya Sáenz de Santamaría por las cargas del 1-O, como ha terminado ocurriendo. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, tuvo que rebajarse ayer para pedirle que deje de enredar: «Cuando él era vicepresidente del Gobierno había decisiones que no se compartían y la gente fue respetuosa».