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Soraya Sáenz de Santamaría pide ante el Senado autorización para aplicar el 155

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha solicitado al Senado autorización para aplicar el artículo 155 de la Constitución española. Ha señalado los siguientes objetivos: «Recuperar la legalidad, recuperar la convivencia, preservar la economía y el empleo y convocar elecciones en situación de normalidad política».

Soraya Saenz de Santamaría ha comparecido en la Comisión del Senado. (Javier SORIANO / AFP)
Soraya Saenz de Santamaría ha comparecido en la Comisión del Senado. (Javier SORIANO / AFP)

«Pedimos autorización para trabajar por la normalidad, por la tolerancia, por la concordia, para que todos los catalanes independientemente de cómo opinen puedan volver a sentirse unidos». La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en su intervención en la Comisión del Senado que debate el acuerdo para aplicar el artículo 155 de la Constitución, ha defendido «rescatar» Catalunya de quienes se empeñan en ponerla «fuera de la ley».

La número dos del Gobiernos español ha asegurado que «los independentistas han dejado muy claro que no han estado dispuestos a dialogar, a negociar un nuevo modelo de financiación económica y a acudir a las Cortes».

Sáenz de Santamaría ha subrayado que las medidas acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 «tienen como objetivo respetar los derechos de la gente y preservar y recuperar el bienestar, la convivencia y la concordia en Catalunya». Así ha fijado cuatro objetivos: «Recuperar la legalidad, recuperar la convivencia, preservar la economía y el empleo y convocar elecciones en situación de normalidad política».

Ha acusado al independentismo catalán de «echar por tierra la mejor Cataluña de su historia». En este sentido, ha criticado que «se han llevado los problemas de las instituciones, a las calles y de las calles a las casas».

«Ante este panorama se ha demostrado que el Estado de Derecho tiene respuestas extraordinarias», ha añadido. Pese a ello, ha negado que suponga un ataque al autogobierno. «No supone el principio de un nuevo centralismo como defienden algunos, sino que busca el principio del fin de la desobediencia a la ley y del abuso perpetrado por parte de la Generalitat».