La Comisión Conjunta de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional del Senado dejó ayer listo el dictamen para que el Pleno apruebe hoy dar permiso al Gobierno de Rajoy para asaltar la autonomía catalana, tal y como se lo había solicitado el pasado sábado el Consejo de Ministros. Hubo momentos en los que algunos medios hablaron de la posibilidad de atenuar sus consecuencias si se confirmaba que Carles Puigdemont convocaba elecciones. Se dijo también que el PP estaba dispuesto a aceptar la enmienda que había registrado el PSOE en ese sentido, pero finalmente la iniciativa no prosperó. El PP sabe que tiene la mayoría absoluta y está dispuesto a hacer uso de ella.

La posición del Gobierno la defendió en el Senado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que no pudo acompañar la firmeza de su discurso con la potencia y claridad de voz que probablemente hubiera deseado debido a una afonía que llenó de gallos su intervención. De hecho, la vicepresidenta no pudo permanecer hasta el final en la reunión, que abandonó porque se encontraba mal.

En «rescate» de Catalunya

Soraya Sáenz de Santamaría repitió en el Senado el argumentario que el presidente, Mariano Rajoy, expuso el pasado sábado tras el Consejo de Ministros, que viene a decir que es el soberanismo catalán, desde Artur Mas hasta Carles Puigdemont, pasando por la intervención de las CUP, quienes han actuado con una «enorme irresponsabilidad política», que obliga ahora al Gobierno español a «rescatar» a Catalunya, para que no caiga por el precipicio. Y todo eso sin ahorrar menciones despectivas a la Generalitat y a las instituciones catalanas.

La vicepresidenta del Gobierno español acabó su intervención pidiendo al Senado que dé su autorización a las medidas propuestas por el Ejecutivo «para trabajar por la normalidad, para trabajar por la democracia, que todos los catalanes, independientemente de como piensen y opinen, puedan volver a sentirse unidos entre ellos, primero entre ellos y después con todos los españoles».

Cabe recordar que esas medidas incluyen el cese del president del Govern, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y todo el resto de consejeros y consejeras. También se prevé la toma del mando de los Mossos D’Esquadra –la previsión es que su major, Josep Lluis Trapero, acabe encarcelado–, y la conversión de TV3 en una delegación de TVE haciéndose con el control de su dirección. La Hacienda catalana ya está de hecho en manos del ministro Cristóbal Montoro. Además, la autorización que el Gobierno español pide al Senado incluye la capacidad de suspender y castigar a los funcionarios que no obedezcan las órdenes que les lleguen desde el órgano de gobierno que cree Mariano Rajoy. Además, el Parlament quedaría prácticamente sin competencias y buena parte de sus funciones quedaría en manos del propio Senado.

Los matices del PSOE

En un día marcado por los vaivenes, el PSOE intentó poner algo de sordina a la dureza de la ejecución del 155 que ellos mismos habían dejado desde el pasado sábado en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. Hubo negociaciones y más ruido que nueces.

En el debate, el portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Oscar Guardingo, criticó con dureza tanto al Gobierno de Mariano Rajoy como al de la Generalitat de Carles Puigdemont por «romper España» y estar dejando el país «hecho unos zorros». Denunció también que la tramitación del 155 se esté llevando de forma irregular.

El senador de ERC Miquel Angel Estradé afirmó que su partido seguirá «fiel» al «mandato del pueblo de Cataluña: constituirse en república independiente».

Josep Lluís Cleries, del PDeCAT, expresó su rechazo a las medidas extraordinarias para Catalunya, asegurando que es un ataque «en toda regla» del Gobierno español «a todos los españoles» y aseguró que se trata de los Decretos de Nueva Planta del rey Felipe VI, además de recuperar el «espíritu del franquismo».

El senador del PNV Jokin Bildarratz reclamó a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que «toda la acción de su Gobierno vaya dirigida, no a aplicar el 155, sino a la búsqueda de un acuerdo» que evite dicha aplicación, lo que a su juicio no se producirá si el Gobierno español no acepta que Cataluña es «un pueblo».

Los 22 senadores de PP, PSOE y UPN votaron a favor del dictamen, mientras que los 5 de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV lo hicieron en contra. Son los únicos 27 con representación en esa comisión.

Y la Fiscalía se opuso a liberar a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart

Cuando Catalunya vivía unos momentos cruciales, con el president, Carles Puigdemont, valorando de forma cierta la convocatoria de elecciones autonómicas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó un escrito oponiéndose a la puesta en libertad de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Quizá esta actuación de la Fiscalía –que tiene «dependencia jerárquica» del Gobierno– esté en el transfondo de una de las frases de la declaración institucional de Carles Puigdemont, cuando dijo que «tampoco hay ninguna intención de detener la represión y de procurar unas condiciones de ausencia de violencia en la que unas posibles elecciones deberían celebrarse».

Las defensas de Sànchez y Cuixart han recurrido por segunda vez el auto de prisión provisional de la jueza Carmen Lamela, en el que también están imputados el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y la intendente Teresa Laplana. El primer recurso presentado por Sànchez y Cuixart fue rechazado por la magistrada, al considerar que ambos tenían un «papel esencial» dentro de una «estrategia compleja» dirigida a poner en marcha la hoja de ruta hacia la independencia de Catalunya. Ahora, las defensas han recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional porque no consideran que haya base para aplicar una medida como la prisión provisional. Sin embargo, la Fiscalía no comparte el criterio de los imputados y pide que continúen en la cárcel.GARA