Ibon Iparragirre se encuentra en «estadio C3. Presentando un sistema inmunológico deteriorado. Con complicaciones por enfermedades e infecciones oportunistas. Todo ello supone que el informado se encuentra en una situación patológica grave. Se entiende que a pesar de seguir tratamiento con retrovirales o no, el sida es incurable». Así lo recoge un informe médico-forense realizado el pasado 10 de julio y remitido al juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, que tres meses después no ha tomado una decisión sobre el futuro del represaliado vasco, encarcelado en la prisión de Alcalá-Meco.

En declaraciones a GARA, el abogado Iñaki Goioaga afirma que dos informes posteriores, fechados el 2 y el 11 de octubre, coinciden al alertar de la grave situación de Iparragirre, diagnosticado de VIH hace más de veinte años y cuyo recuento de células CD4 es de 20, cuando en una persona sana el número oscila entre 723 y 1.234. En el informe del día 11, los médicos indican que la evolución de la enfermedad «rompe criterios estadísticos y clínicos de esperanza de vida». Alertan de que no pueden «dictaminar con certeza un pronóstico vital a corto, medio o largo plazo», e instan al juez a «consultar al Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid, a peritos expertos en enfermedades infecciosas y de transmisión sexual o al Servicio Médico del centro penitenciario».

Parece que Castro se ha decantado por esta última opción, y ha dejado el caso en manos del subdirector médico de Alcalá-Meco, que, según afirma Goioaga, ha reconocido que «con otro nombre» Ibon Iparragirre estaría en la calle. En este sentido, el letrado afirma que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado a los responsables sanitarios de la prisión que no realicen un informe favorable a la aplicación del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, que establece que los presos enfermos con padecimientos incurables podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal.

También le podrían aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que recoge la posibilidad de combinar «aspectos característicos» de los diferentes grados «siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado»; o el artículo 91.3 del Código Penal español, que pone de manifiesto que, «si el peligro para la vida del interno, a costa de su enfermedad o de su edad avanzada fuera patente, el juez de Vigilancia Penitenciaria podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más tramite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final».

En el caso de Iparragirre los médicos coinciden en que no se puede realizar un pronóstico vital, algo que choca con la instrucción emitida por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 17 de febrero. La instrucción sostiene que la puesta en libertad de los presos gravemente enfermos solo se contemplaría si su muerte se va a producir en un breve plazo de tiempo o si se arrepienten. Según informó “El País, con esta decisión el Gobierno del PP quiere evitar casos como el de Josu Uribetxeberria, que falleció a consecuencia de un cáncer dos años y medio después de salir de prisión. Un periodo demasiado largo a ojos del Ejecutivo, que vulnera sus leyes y las Reglas Mandela, actualizadas por la ONU en 2015.

Cabe recordar que, en respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, Madrid defendió en abril la instrucción de Instituciones Penitenciarias, entidad dependiente del Ministerio del Interior, y reconoció que no excarcelará a los presos enfermos «hasta que les queden dos meses de vida». Goioaga no tiene dudas de que en el caso de Iparragirre «lo que está en juego» es esta instrucción que «está por encima del reglamento, de la ley y de los criterios de humanidad». «Es una actuación miserable y cruel», añade el abogado, que lo compara con la tortura. «Le están aplicando un trato inhumano. Quieren que salga en una situación agónica», añade.

Una dilación «intencionada»

Durante las últimas semanas se han estado pasando la pelota el subdirector médico de Alcalá-Meco y el juez, que ahora ha solicitado un nuevo informe a la Fiscalía. Goioaga denuncia que «hay una dilación intencionada de las diligencias, y remarca que debería de haber una resolución judicial inmediata. No en vano, la situación de Iparragirre es muy grave y no puede esperar más. Menos en una prisión como Alcalá-Meco. Un penal antiguo en el que las duchas son comunales y en el que los presos no están separados en la enfermería, lo que supone un grave riesgo para una persona que tiene el sistema inmunológico debilitado».

A la espera de que se dicte una resolución judicial, el letrado ha solicitado el traslado a Zaballa a nivel judicial y administrativo. «Consideramos que es importante por razones de higiene. Además, queremos ver cual es el tratamiento que establecerían los médicos en Zaballa, queremos saber si sería el mismo que han establecido los médicos en Madrid», señala Goioaga antes de recordar que la Audiencia Nacional aceptó la puesta en libertad con medidas cautelares en octubre 2011, cuando Iparragirre estaba ingresado en el hospital de Basurto.

El tribunal, integrado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez, adoptó esta decisión por «el grave estado de salud» del preso, que pasó a estar en prisión atenuada y semanalmente acudía a firmar a la cárcel de Basauri. Permaneció en este régimen hasta el 7 de marzo de 2014, cuando agentes de la policía autonómica le detuvieron por orden de la Audiencia Nacional. El tribunal de excepción emitió la orden después de que el Tribunal Supremo ratificará la condena por el atentado contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa en setiembre de 2008.

Ni que decir tiene que el estado de salud de Iparragirre era igual de grave en octubre de 2011 y en marzo de 2014. Y desde entonces la situación del preso se ha agravado. Se encuentra en la última fase del VIH, una enfermedad que le ha provocado problemas neuronales. No ve y la semana pasada perdió el habla temporalmente. Tiene las defensas tan bajas que cualquier infección podría acabar con su vida, y existe el riesgo de que se produzca una hemorragia.

Además, durante los últimos años ha sufrido agresiones por parte de presos sociales y por parte de los funcionarios públicos. En diciembre de 2016, por ejemplo, los familiares del represaliado alertaron de una agresión por parte de un funcionario en Alcalá-Meco. Asimismo, el pasado mes de febrero, Iparragirre fue trasladado a otro módulo de la prisión después de haber sufrido dos agresiones en apenas 24 horas, una de las cuales le dejó sin conocimiento.

Pero parece que el juez de Vigilancia Penitenciaria y los médicos de la cárcel madrileña hacen caso omiso a esta grave situación. Se pasan la pelota y dilatan la puesta en libertad del preso, que ha recibido innumerables muestras de apoyo. En las últimas semanas se han repetido las manifestaciones y las concentraciones de solidaridad, y el Ayuntamiento de Ondarroa, su localidad natal, ha vuelto a exigir su puesta en libertad hace tan solo unos días. Hasta el Parlamento de Gasteiz aprobó el pasado mes de junio un texto en el que se pedía la libertad de Iparragirre. Todos los partidos votaron a favor, salvo el PP. El mismo que tiene el control de Instituciones Penitenciaras.

300 médicos alertaron de la situación de Iparragirre

Esti Gorostiaga y Nahia Aia acudieron en primavera al Parlamento de Gasteiz para presentar un informe hecho suyo por 300 facultativos, entre los que hay médicos internistas y de familia, neurólogos y especialistas en enfermedades infecciosas y en cuidados paliativos.

En el informe, remitido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, al Ararteko y a la Organización Mundial contra la Tortura, advierte de que existe un riesgo de fallecimiento debido a la falta de defensas. Cuando se realizo el informe el recuento de células CD4 era de 66, el mes pasado se alertó de que ese número se había reducido a 20, menos de la mitad.

Conviene recordar que cuando el sistema inmunitario está dañado el recuento de CD4 está por debajo de 500, y si no llega a 200 se ha contraído el sida.I.S.

FECHAS PARA LA MEMORIA: 7 años de sufrimiento

Enero de 2010

La Ertzaintza detiene a Ibon Iparragirre junto a Xeber Uribe, Asier Badiola, Javier Zubizarreta y Jon Iñaki Esnaola.

Octubre de 2011

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprueba el cambio de régimen e Ibon Iparragirre regresa a su domicilio en régimen de prisión atenuada.

Marzo de 2014

Agentes de la Ertzaintza detienen a Ibon Iparragirre en Gizaburua. La Audiencia Nacional emitió la orden de detención después de que el Tribunal Supremo ratificará la condena por el atentado contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa en 2008.

Abril de 2014

Alejan al preso vasco a la prisión madrileña de Navalcarnero.

Julio de 2017

Un informe médico-forense reconoce que el estado de Iparragirre es grave e incurable.

Octubre de 2017

Pese a que los médicos han alertado de la gravedad de su estado, Iparragirre continúa en prisión. Apenas tiene defensas y no ve. Se suceden las movilizaciones en apoyo el preso.