En su informe de 2013, el CPT ya había pedido que la incomunicación fuera «una medida excepcional y limitada», al tiempo que pedía medidas para evitar las torturas. Ahora, se valoran las reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que han reducido la duración de la incomunicación.

No obstante, considera que, «como principio, la posibilidad de imponer el régimen de detención incomunicada debería suprimirse de la legislación española». Además, el Comité «reitera su postura sobre el hecho de que todas las personas detenidas deberían poder reunirse con su abogado en privado desde el momento de su detención y a partir de ese momento según sea necesario».

En su respuesta al CPT, el Gobierno español recuerda el «carácter absolutamente excepcional y exiguo de la aplicación práctica» de la detención incomunicada y su necesidad «frente a la intensa amenaza terrorista que se cierne sobre Occidente».

La delegación visitó comisarías, centros penitenciarios y de menores en varias ciudades del Estado entre el 27 de setiembre y el 10 de octubre de 2016, y expresó su preocupación por el uso «abusivo» de la sujeción mecánica en los centros visitados.

A este respecto, señaló que «no se han aplicado las recomendaciones hechas en el pasado para regular debidamente la inmovilización» y añadió que los intentos realizados «han fracasado».

El CPT pide no utilizar más que la fuerza estrictamente necesaria, que no se ajusten excesivamente las esposas, que los detenidos reciban una copia de sus derechos fundamentales y puedan visitar a un médico y que las nuevas celdas tengan luz natural.

El informe hace más de cincuenta recomendaciones, como garantizar que el régimen de aislamiento de los reclusos no dure más de 14 días, respetar la proporcionalidad de los castigos disciplinarios y a los transgénero, y mantener limpias las celdas de las comisarías.

Expresa su preocupación por «la importante cantidad de denuncias sobre maltrato físico en las cárceles», tras episodios de desobediencia, violencia entre reclusos y autolesiones.

El Comité pide que los jueces de vigilancia penitenciaria sean «supervisores independientes e imparciales de las prácticas dentro de las prisiones y no una simple autoridad dedicada a estampar sellos».

El informe celebra «las exitosas medidas» adoptadas para reducir la población reclusa y acabar con el hacinamiento. Así, se ha reducido la tasa de ocupación del 142% en 2007 al 80% en 2016, donde había 60.309 presos y una capacidad de 70.965 plazas.

Los seis miembros del CPT inspeccionaron ocho comisarías de Policía española en La Coruña, Cádiz, Madrid, Oviedo, San Fernando y Sevilla, y los centros de menores de Tierras de Oria (Almería) y Sograndio (Asturias).

También visitaron las cárceles de León, Puerto I, II y III (Cádiz), Sevilla II, Soto del Real (Madrid), Teixeiro (La Coruña) y Villabona (Asturias).

La delegación se reunió con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, y el director general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Carlos Abella.