Desde el 4 de octubre de 2016, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha celebrado 125 sesiones para analizar las actividades de esta trama de corrupción.

Un banquillo casi vacío ha caracterizado la vista oral en gran parte del centenar de esas jornadas, ya que el tribunal eximió a los acusados de estar presentes si en la sesión no se trataba algún hecho relacionado directamente con ellos.

El procedimiento se ha centrado en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás concluyeron que existe una «abrumadora prueba documental» que demuestra que la participación delictiva de los acusados «atentaron contra el Estado de Derecho» y su actuación resultará de «muy costosa reparación social».

El abogado del Estado Edmundo Bal subrayó que la organización liderada por Correa «se ha instalado en las administraciones públicas como un cáncer de corrupción», por lo que pidió al tribunal que dictase una sentencia »ejemplar».

Correa se ofrece a colaborar, con condiciones

Francisco Correa, que ha sido trasladado desde la cárcel de Valdemoro para hacer uso de la última palabra, en la que ha pedido quedar en libertad hasta que haya sentencia firme. «Quiero hacer un ofrecimiento a la Fiscalía, mi total colaboración absolutamente de ahora en adelante en todas las causas pendientes».

En una alocución que se ha alargado durante 28 minutos, ha subrayado que otros acusados en circunstancias similares de casos de corrupción se encuentran en libertad y ha asegurado que no se va a fugar. «¿Por qué estamos tratados como terroristas, qué hemos hecho de malo?. No tengo nada que ocultar, me da igual que me echen 200 o 300 años. A veces las cosas no son como parecen y estoy dispuesto a aclararlo, ya no tengo absolutamente nada que ganar ni que perder, lo que quiero es solucionar este tema y que el país deje de hablar de esto».

Correa ha solicitado «como ciudadano español el indulto del juez Baltasar Garzón, porque ha sido injustamente inhabilitado. Es una víctima más como yo de una causa que tiene un tinte político y no jurídico». El presidente de la Sala, Ángel Hurtado, le ha indicado que esta es una cuestión que se sale del marco del juicio y no le ha dejado continuar sobre la cuestión.

Unos 300 testigos

Entre los 300 testigos que han desfilado por la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares han estado el presidente del Gobierno Mariano Rajoy; la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; o los exministros Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja.

Tras escuchar las versiones de los hechos de los 37 acusados, Anticorrupción ha mantenido su petición de pena para casi todos los encausados y ha sostenido la máxima solicitud, de 125 años y un mes de prisión, para el presunto líder de la trama corrupta Francisco Correa.

La trama Gürtel no acaba aquí, pues, además de los «Papeles de Bárcenas», aún queda por terminar la instrucción de la pieza «Epoca II: 2000-2009», relacionada con su actividad en Boadilla del Monte y Arganda del Rey (Madrid).

Por otro lado, el próximo mes de enero está previsto que la Audiencia Nacional comience a juzgar las piezas relativas a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las campañas de las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008.