UPN y PPN han votado a favor de las tres y el PSN solo ha apoyado la suya. Ahora llega el momento de las enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación ha concluido este mediodía.

El proyecto de ley del Gobierno ha sido defendido por el consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, quien ha sostenido que su propuesta se basa en los principios de igualdad y progresividad.
«La reforma fiscal de 2015, de la que el proyecto actual es una secuela (Adolfo Araiz le ha corregido señalando que habrá querido decir hijuela) venía urgida por la necesidad de recaudar para salvar el problema grave de financiación heredado», según Aranburu, quien ha aseverado que «no ha sido ni excesiva, ni sanguinaria».

El proyecto de ahora «ni siquiera tiene afán recaudatorio», un 0,2 %, unos 28 millones de euros, según el consejero, quien ha aludido al hándicap que representa que los intereses de la deuda heredada y los peajes en la sombra supongan cerca de 300 euros por personas al año, tras lo que ha detallado algunas modificaciones, abiertas todavía a reflexión como el impuesto de Sociedades.

En el IRPF se incrementan en 100 euros la deducción por cada hijo menor de 3 años, en los planes de pensiones se elimina la reducción del 40 % en las prestaciones que se recuperen de forma de capital, en Patrimonio se suaviza la tributación de los bienes empresariales, cuya deducción se amplía del 80 al 95 % a partir de un millón y se reduce el escudo fiscal que pasa del 65 al 55 %.

En Sociedades y Donaciones, se elimina la tributación del 0,8 % en los primeros 250.000 euros en caso de fallecimiento y a partir de ahí se establece una tributación progresiva que va del 2 al 16 %.

Aranburu ha denunciado las «falacias» de la oposición, negando que sean los impuestos mas caros o que conlleven deslocalización, tras lo que ha opinado que la enmienda del PPN está llena de «banalidades», la del PSN incluye «importantes contradicciones» y la de UPN es «más interesante» porque conlleva texto alternativo, si bien ha subrayado que supone un coste de 298 millones.

La enmienda de UPN ha sido defendida por Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha hablado de dos modelos, el del Gobierno que ha supuesto «tres subidas de impuestos» en dos años y medio que han conseguido que los navarros tengan «el peor» sistema fiscal del Estado y el de UPN de «administrar el sistema fiscal propio de Navarra en favor del crecimiento económico y la prosperidad».

Ha abogado por incentivar a los que optan por el alquiler, hacer que quienes ahorran no estén castigados por tributar en Nafarroa e incentivar a las empresas para aumentar su tamaño y crecimiento.

La portavoz del PSN, María Chivite, quien ha opinado que es la fiscalidad «más gravosa» del Estado, que tiene como objeto contentar a los socios del Gobierno, se ha alegrado de la rectificación en lo relativo a la desgravación en vivienda.

Ha pedido que se escuche a la gente de la calle, al tiempo que ha avanzado que sus enmiendas parciales se van a centrar en el IRPF, en mejorar el tratamiento de las rentas medias. Ha pedido que Sociedades se deje como ésta y en Sucesiones ha dicho que les parece muy bien la progresividad pero con «tarifas más razonables».

Como «una absoluta tropelía» ha calificado la reforma Ana Beltrán, PPN, quien ha respondido al consejero que otros territorios son «capaces de reducir los impuestos y atender la deuda pendiente», así como que es «falsa» la estimación del coste de la propuesta de UPN.

«Su política fiscal tiene afán confiscatorio», ha dicho, a lo que ha añadido que han claudicado a imposiciones de «los comunistas», de la «izquierda radical», especialmente de Podemos, ha remarcado.

En el turno en contra, Jokin Castiella, Geroa Bai, ha considerado «predecibles» y «demagógicas» las enmiendas de la oposición, cuyos argumentos «falsos de toda falsedad» ha rechazado, afirmando que «no hay ninguna hecatombe, ni apocalipsis».

Adolfo Araiz, EH Bildu, ha cuestionado los planteamientos de la oposición señalando, entre otras cuestiones, que son «insolidarios», lo que le ha llevado a reconocer que coincide con UPN en que «hay dos modelos» y ellos pretenden «recaudar más de quien más tiene».

Por Podemos, Laura Pérez, quien ha calificado de «rocambolescas» algunas propuestas, ha rechazado las enmiendas de PSN y PPN, «meras declaraciones políticas», ha discrepado con las propuestas «neoliberales» de UPN y ha pedido que se deje de «tergiversar».

José Miguel Nuin, I-E, ha compartido que hay dos modelos, el de «la motosierra, el de UPN» y el que defienden ellos que plantea una «mejora evidente del gasto social, progresividad y justicia social». Ha apuntado que ve «margen de mejora» en la reforma.