La decisión de rechazar la libertad provisional ha generado división en el tribunal que juzga a ‘la Manada’, ya que dos magistrados han votado a favor de mantener a los acusados en prisión, mientas que el tercero ha emitido un voto particular en favor de la excarcelación.

Los jueces contrarios a la puesta en libertad condicional consideran que esa solicitud se ha realizado de manera precipitada, ya que, si se acordaba la excarcelación, supondría que la Sala no se ha puesto a delibrar sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. Y el tribunal considera que se podrían adoptar las medidas oportunas sobre la situación procesal de los acusados una vez que se vayan realizando las correspondientes deliberaciones.

Por su parte, el magistrado que ha votado a favor de la excarcelación, que no es la primera vez que lo hace ante peticiones anteriores, basa su decisión en la falta de motivación que, a su entender, tiene la decisión de mantenerles en prisión.

Los cinco están en prisión desde su detención, horas después de los hechos juzgados, que tuvieron lugar en la madrugada del 7 de julio de 2016-. Tres de ellos están en Iruñea y los otros dos, un guardia civil y un militar, en Madrid, en una cárcel para funcionarios de estos cuerpos.

A todos ellos, la Fiscalía les acusa de un delito continuado de agresión sexual, intimidación y robo con violencia por los que pide para cada uno 22 años y 10 meses de prisión. Los abogados de la joven madrileña piden 24 años y 9 meses de cárcel para cada uno y una indemnización de 250.000 euros.

Los letrados de las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno de Nafarroa se ratificaron en sus peticiones de 25 años y 9 meses de prisión y también una indemnización de 250.000 euros.

Las defensas por su parte reiteraron en la última sesión del juicio la petición de absolución para sus patrocinados, que en el uso del derecho a la última palabra se declararon «inocentes» de todos los cargos, salvo el guardia civil del robo del teléfono móvil de la denunciante.
Sus letrados insistieron en que no hay pruebas que contradigan la versión de los acusados de que las relaciones fueron consentidas.