Los parientes de los ejecutados y desaparecidos durante el mandato de Alberto Fujimori pidieron que se anule su indulto por ser una decisión ilegal de carácter político disfrazada de carácter humanitario, ya que existe la sospecha de que sea parte de un pacto con el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para garantizar su mantenimiento en el cargo, algo que el Gobierno niega.

En una comparecencia con las cuatro organizadores pro derechos humanos que defienden a las víctimas, sus familiares destacaron que no puede haber reconciliación sin justicia y rechazaron la petición de perdón del expresidente por «falsa», ya que no se ajusta a las normas internacionales que exigen nombrar específicamente el crimen, la víctima y el hecho en concreto del que se arrepiente.

Recordaron que nunca aceptó la legitimidad de la sentencia que le impuso 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato (con dominio del hecho) del «asesinato» de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por un escuadrón militar, y por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.

Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la Universidad La Cantuta, aseguró que solo puede haber reconciliación cuando la justicia haya cumplido su rol y eso pasa, dijo, porque Fujimori cumpla la totalidad de su condena.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicite a Perú información sobre el indulto y convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.

El indulto llevó a Alfredo Crespo, abogado del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, de 83 años y en prisión desde hace 25, a pedir su liberación.

Además, al goteo de renuncias de altos cargos gubernamentales se sumó ayer la del ministro de Cultura, Salvador del Solar.