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Arranca el macrojuicio por el ‘caso de Miguel’, presunta trama de corrupción que salpica al PNV

El próximo lunes arranca en la Audiencia Provincial de Álava el macrojuicio por presunta corrupción más importante instruido en la CAV, el conocido como ‘caso de Miguel’, por el que un total de 26 procesados, entre ellos varios exdirigentes del PNV alavés, se sentarán en el banquillo de los acusados.

El principal imputado del caso, Alfredo de Miguel, en una imagen de 2011. (Raúl BOGAJO/ARGAZKI PRESS)
El principal imputado del caso, Alfredo de Miguel, en una imagen de 2011. (Raúl BOGAJO/ARGAZKI PRESS)

Un total de 26 personas están procesadas en el ‘caso de Miguel’, entre ellas el que fuera número dos del PNV en Araba y diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, en el que se considera el macrojuicio por presunta corrupción más importante instruido en la CAV.

La Fiscalía reclama más de 54 años de prisión para el principal acusado por liderar presuntamente una trama de cobro de comisiones ilegales. Junto a De Miguel se sentarán en el banquillo otros dos exmiembros del PNV, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano; así como el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno de Lakua con Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos Julian Sánchez Alegría; y la que fuera alcaldesa de Zambrana por el PNV María Justina Angulo, entre otros.

La Fiscalía mantiene que De Miguel dirigió un entramado societario creado antes de 2005 con el que buscaba obtener un «ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas», y que para ello se valió de las responsabilidades políticas que tenía por su pertenencia al PNV.

El origen de este procedimiento fue la denuncia que en diciembre de 2009 presentó la abogada Ainhoa Alberdi contra De Miguel y Tellería cuando estos supuestamente le exigieron el pago de una comisión de 100.000 euros tras haber sido adjudicada a la empresa de la que era administradora la ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

Ocho años y un mes después de esa denuncia, el lunes arranca un macrojuicio en el que la Fiscalía pide penas que suman más de 440 años de cárcel y en el que están fijadas más de 100 sesiones con el objetivo de que el caso quede visto para sentencia el 25 de octubre.